El expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas ha fallecido este sábado a los 73 años de edad, según han confirmado a ABC fuentes del gobierno autonómico y del Partido Popular. Ocupó el máximo cargo del Consell entre julio de 2002 y mayo 2003 tras la salida de Eduardo Zaplana y fue presidente de Bancaja y del Banco de Valencia . Olivas fue el tercer presidente de la Generalitat Valenciana tras Joan Lerma y Eduardo Zaplana, de cuyo gobierno formó parte como vicepresidente y antes conseller de Economía y Hacienda. Nacido en 1952 en Motilla del Palancar (Cuenca) y licenciado en Derecho, comenzó su actividad política como uno de los fundadores de la extinta Unión de Centro Democrático (UCD), con la que accedió a concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Años después se integró en el Partido Popular, donde continuó como edil en el consistorio valenciano, además de teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal. En 1995 dio el salto autonómico como diputado a las Cortes Valencianas, siendo nombrado conseller de Hacienda y en 1999 vicepresidente, hasta que la marcha de Zaplana como ministro al Gobierno de Aznar le llevó a sucederlo hasta las elecciones autonómicas de 2003, que ganó Francisco Camps . Tras la victoria de Camps, dejó la política en activo y fue nombrado presidente de Bancaja, así como del Banco de Valencia y de las Cajas de Ahorro de las tres provincias valencianas hasta que dimitió en 2011. El Banco de Valencia se convirtió en la primera entidad bancaria intervenida por el Banco de España desde el inicio de la crisis del 2007 tras detectarse un «agujero» de unos mil millones de euros, que fueron aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El banquero conquense representó a Bancaja en el proceso de fusión que dio lugar a Bankia bajo la presidencia de Rodrigo Rato. En 2017, se convirtió en el primer presidente de la Generalitat Valenciana condenado por un tribunal. El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia le impuso una pena de un año y medio de prisión y a una multa de de 151.800 euros por emitir a través de una de sus empresas una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar a la empresa Sedesa Inversiones.
