Justicia fragmentada para las mujeres
Abogada especializada en materia penal Buergo Gómez Abogados, S.C.
En México, el acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual depende, lamentablemente, del lugar donde ocurra el delito. Lo que en algunos estados se considera un crimen grave, en otros apenas se tipifica con claridad. Esta disparidad jurídica no es un tecnicismo: es una condena al silencio, una ruta hacia la impunidad y un obstáculo directo para la protección efectiva de los derechos de las mujeres.
Según un diagnóstico del Gobierno de México y la Secretaría de las Mujeres presentado en noviembre de 2025, 19 de los 32 estados de la República cuentan con definiciones relativamente robustas del delito de abuso sexual, pero en 4 entidades ni siquiera está claro qué se entiende por abuso. En otras 9, el delito se tipifica, pero sin elementos suficientes para garantizar castigo. Esto implica que el mismo acto puede recibir sanciones radicalmente distintas dependiendo del estado donde se denuncie. Una realidad inadmisible que vulnera principios básicos de igualdad ante la ley y acceso a la justicia.
Son graves los efectos de no existir una definición homogénea del delito de abuso sexual. En las entidades con marcos jurídicos laxos, las investigaciones suelen ser deficientes, los procesos se dilatan y, en muchos casos, los agresores permanecen impunes. Las víctimas, además de lidiar con el trauma, enfrentan un sistema que no les cree, no las protege y, peor aún, las expone a mayores riesgos por atreverse a denunciar.
Es ahí donde radica la urgencia del Plan Integral contra el Abuso Sexual presentado por la Secretaría de las Mujeres. Su objetivo de homologar la tipificación del delito de abuso sexual en todos los códigos penales estatales es un paso indispensable para cerrar la puerta a la impunidad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: ninguna mujer debe enfrentar el crimen sola y ninguna víctima debe ser desprotegida por lagunas legales.
El caso no es menor, pues en nuestro país 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, es necesario enfatizar que la iniciativa del Gobierno Federal no debe quedarse en el papel. Requiere del compromiso activo de los Congresos locales, de la capacitación del personal judicial y ministerial con perspectiva de género y de una transformación cultural que rechace el machismo normalizado.
Las mujeres no deben necesitar abogados penalistas para saber si un abuso será castigado en su estado. El abuso sexual no puede seguir siendo un delito definido por el código postal. La justicia, si de verdad lo es, debe ser pareja, clara y accesible. Y para lograrlo, la ley debe dejar de ser una colcha de retazos y convertirse en una malla de protección sólida y eficaz.