CGR sanciona a exalcaldesa Peñaloza (UDI) por irregularidades en compra de terreno para Cesfam
La Contraloría General de la República determinó la responsabilidad administrativa de la exalcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), en una serie de irregularidades asociadas a la compra de un terreno para la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam). El sumario, que comenzó en 2023 tras denuncias de un grupo de concejales, concluyó que se cometieron omisiones e inconsistencias en el proceso de adquisición.
Según un extenso informe del organismo contralor, el concejo municipal aprobó en marzo de 2022 la compra de varios lotes —con una superficie total de 5.300 m²— por un monto de 353.956 UF. Sin embargo, se estableció que nunca se presentaron los inmuebles de manera individual ni se realizaron las tasaciones correspondientes para garantizar un precio justo de mercado.
Además, la investigación detectó que el municipio no utilizó ninguno de los mecanismos legales obligatorios para este tipo de transacciones, como una licitación pública o un trato directo debidamente fundado, y permitió la intervención de profesionales externos sin el respaldo administrativo formal requerido.
El informe también reveló inconsistencias financieras específicas, señalando que: “Se evidencia que en las propiedades adquiridas por la Municipalidad de Las Condes en análisis, existieron discrepancias en el precio pagado por metro cuadrado respecto a lo convenido con la empresa Vulcon Asset Management SpA”.
Respecto a la responsabilidad de la máxima autoridad de la época, el sumario afirma que está “acreditada la responsabilidad administrativa de doña Daniela Peñaloza” en relación con los siete cargos formulados en su contra, dada su calidad de alcaldesa y, por tanto, su responsabilidad en la dirección y supervigilancia de la entidad.
El caso también involucró a otros funcionarios, proponiéndose específicamente “aplicar a don Eduardo López Arriagada (exdirector de Control) la medida disciplinaria de destitución”, tras verificarse que cometió “una grave transgresión al principio de probidad administrativa, al haber ordenado la adulteración de un instrumento público”.