Flaco favor hace la Unión Progresista de Fiscales al Ministerio Público, al andamiaje institucional del Estado, a la Justicia en su conjunto y, por extensión, a la democracia española al alinearse con la tesis persecutoria del Ejecutivo y acusar al Tribunal Supremo de «violencia institucional» contra Álvaro García Ortiz, delincuente al que insiste en defender no ya desde el sectarismo, sino desde la más reprobable militancia. Minoritaria en la carrera fiscal, la UPF es la plataforma gremial de la que salieron García Ortiz y su sucesora, la nueva fiscal general del Estado. Se puede llegar a entender la solidaridad con un compañero caído en desgracia, pero nunca un ataque directo contra el Supremo que, a mayores, se produce justo cuando la izquierda llama a la movilización contra el Alto Tribunal. Revestir de argumentos y tecnicismos procesales este golpe no logra encubrir el entreguismo a la causa – genuinamente política – de unos fiscales a quienes bajo la toga se les suponía una mínima imparcialidad.
