BBVA retira el recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno por su injerencia en la opa -finalmente fallida- para adquirir el Sabadell, según han confirmado fuentes oficiales de la entidad financiera a este periódico. El banco enmarca su desistimiento «dado que el objeto principal del mismo era anular la condición del Consejo de Ministros, que ha perdido su vigencia al no haber prosperado la OPA», explican. La compañía presentó la retirada del recurso el pasado miércoles 26 de noviembre ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pero la entidad insiste en que no cambia el convencimiento del BBVA «acerca de la ilegalidad de la actuación del Gobierno», confirman fuentes cercanas a la compañía, quienes aseguran que también se ha plasmado así en el escrito de desistimiento. El BBVA había interpuesto esta demanda meses atrás tras la imposición del Gobierno impuesta a la operación por la que la absorción del Sabadell no podría consumarse hasta al menos tres años después de la realización de la opa. De manera concreta, lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue vetarle a BBVA la posibilidad de fusionarse con la entidad catalana imponiendo la necesidad de que ambos bancos mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, además de autonomía en la gestión. La intervención del Ejecutivo se produjo mediante acuerdo del Consejo de Ministros a finales de junio y lo hicieron valiéndose del mecanismo legal que viene reflejado en la Ley de Defensa de la Competencia para la llamada fase tres. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio su visto bueno a la operación en fase dos con compromisos pactados con BBVA; tras ello, la ley permite al Gobierno revisar esas condiciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevó el caso al Consejo de Ministros y el órgano decidió imponer una condición extra a BBVA como fue la de vetar la fusión posterior a la opa. La batalla legal se desató entonces a causa de que el banco vasco considera que el Gobierno no tenía capacidad para hacer esta acción. Al margen de la batalla en España, también queda por dirimirse el procedimiento de infracción a España abierto por la Comisión Europea debido a su injerencia en la opa. El Ejecutivo europeo mantiene abierta la causa pese al fracaso de la operación y el Gobierno tenía hasta finales del mes pasado para responder a las objeciones de Bruselas.
