Una de cada tres mujeres que dan a luz en España no tiene derecho a ninguna ayuda por nacimiento o crianza. Al menos así lo asegura el 9º Informe Mapa de la Maternidad realizado por Fundación Redmadre que analiza las ayudas que ofrecieron en 2024 el conjunto de las Administraciones Públicas españolas (CC.AA., diputaciones y ayuntamientos capitales de provincia) a la maternidad, prestando especial atención al apoyo a las madres con situaciones de dificultad a causa del embarazo. Según el estudio en 2024 la ayuda ascendió a 101.383.784€, lo que supuso 237,85€ de media por mujer embaraza. Madrid y Galicia concentran las ayudas al contar con sendos planes de apoyo a la maternidad desde el embarazo. Entre las dos destinaron 96.583.587€ en ayudas. Es decir, que el grueso del conjunto de las Administraciones Públicas destinó 4.800.197 en apoyar a la mujer embarazada, es decir 21,11€ al año por mujer para hacer frente a las necesidades y dificultades que presenta un embarazo; mientras que se gastó 37.967.850 € en financiar los abortos. El año pasado pasaron de 11 a 13 las CCAA que ofrecen apoyo a las embarazadas. También ascendieron de 10 a 14 (de 50) los ayuntamientos capitales de provincia que apoyan a este colectivo y descendieron de 7 a 5 las diputaciones (de las 42 existentes) que ofrecen alguna ayuda a las embarazadas. Resalta además que en España solo tienen derecho a ayudas por nacimiento y cuidado del menor aquellas mujeres que estén trabajando o recibiendo la prestación por desempleo, de manera que 1 de cada 3 mujeres que dan a luz no tienen derecho a ningún apoyo por no haber tenido nunca un contrato de trabajo. El documento deja también patente las escasas políticas de apoyo con las necesidades de la sociedad. Entre las causas que los españoles alegan para no tener hijos destacan la falta de medios económicos (77,3%) las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar (44,2%) y no entorpecer la carrera profesional (26,5 %). Además, el 31,9% de los hogares monoparentales encabezados por mujeres están en situación de pobreza laboral además de gran riesgo de exclusión social, es lo que se ha dado en llamar la feminización de la pobreza . Son estas mujeres quienes tienen menor acceso al empleo, la responsabilidad única en los cuidados y siguen afectadas por la brecha salarial. Amaya Azcona, directora general de la Fundación Redmadre, señala a ABC que entre los aspectos que considera más urgentes para revertir la brecha entre el discurso político sobre la mujer y el apoyo final que reciben es precisamente «que se olvida en el discurso político la posibilidad de la maternidad». Explica que las mujeres pueden quedarse embarazadas y esta circunstancia, en algunos casos, supone una desigualdad respecto del hombre, desigualdad a nivel de estudios, en el acceso a un puesto de trabajo o en el mantenimiento de las mismas condiciones laborales. Consideramos urgente analizar las circunstancias que rodean a la mujer durante el embarazo y la primera crianza, y elaborar políticas que trabajen para eliminar las desigualdades que pudieran surgir«. ¿Cómo valoras que de los más de 101 millones destinados a la maternidad en 2024, más del 95% procedan únicamente de Madrid y Galicia? Por un lado, felicitamos a Madrid y a Galicia por haber tenido en cuenta las necesidades de las mujeres embarazadas con estos planes de apoyo y, por otro, invitamos al resto de las Comunidades Autónomas a implementar políticas en el mismo sentido. Desde nuestra fundación nos ofrecemos para tener reuniones con las comunidades autónomas que quieran profundizar en estos temas. ¿Qué consecuencias tiene para las mujeres que el resto de administraciones solo haya destinado 4,8 millones al apoyo durante el embarazo? La consecuencia principal es el abandono de las embarazadas y de las mujeres que dan a luz. Las embarazadas que tienen dificultades no están en igualdad de condiciones a la hora de decidir, ya que solo reciben apoyo para recurrir al aborto, que está financiado por el Estado; si deciden continuar adelante, se quedan solas y abandonadas sin apoyos públicos. Las más de 100.000 mujeres que cada año dan a luz sin tener derecho a prestaciones por maternidad al no ser cotizantes sufren un abandono institucional que las lleva a situaciones de riego de exclusión social muy severas. No podemos perder de vista que más de 100.000 niños que nacen también quedan abandonados. Viendo estas cifras se entiende que España tenga una de las tasas de pobreza infantil más altas de Europa. ¿Qué significan 21,11 euros anuales de ayuda por mujer embarazada que dedican la mayoría de administraciones? ¿Qué necesidad permite cubrir esta cuantía? Esta cifra es simbólica, no permite cubrir ninguna necesidad. ¿Qué puede hacer una embarazada con 21 euros?, ¿comprar una bolsa de pañales? ¿Qué modelo de sistema de prestaciones sería necesario para garantizar apoyos universales durante el embarazo, al margen de la situación laboral? El Consejo Económico y Social en un estudio ha propuesto varias medidas muy concretas y eficaces: en primer lugar, la prestación universal de apoyo a la crianza, donde se revise y simplifique el actual sistema, adecuando las cuantías y duración de la prestación en función de las contingencias que se puedan dar en el embarazo, parto o durante el crecimiento; en segundo lugar, la creación de un mecanismo de apoyo frente al riesgo de pobreza de carácter específico y, por último, garantizar acceso a una vivienda digna a los hogares con infancia, priorizando a las familias en riesgo de vulnerabilidad. ¿En qué medida factores como la falta de medios económicos, la conciliación o el temor a perjudicar la carrera profesional condicionan la maternidad en España? Estos tres factores condicionan en gran manera la maternidad. El 77,3% de los participantes en la Encuesta de Fecundidad e Infancia declararon que la causa por la que no se tienen hijos es la falta de medios económicos. El 44,2% contestaron que no los tenían por problemas de conciliación, y por no entorpecer la carrera profesional un 26,5%. De todos estos datos no podemos dejar de lado el principal y es que tener hijos afecta más a la madre que al padre en cuanto oportunidades de trabajo. ¿Cuál es la propuesta más urgente, de las recogidas en el informe, que debería implementarse para mejorar la natalidad y la protección a las madres? En el informe hemos recogido una propuesta del CIS que invita a desarrollar, sin dilación, un plan integral, que recoja un conjunto de medidas que superen las principales barreras que enfrentan las familias cuando deciden tener hijos como son: Incentivos económicos directos, mejora de la conciliación, mejora del acceso a la vivienda, salarios dignos, acceso asequible a una red pública de cuidados infantiles, fomento de la igualdad de género y la corresponsabilidad familiar, políticas migratorias inclusivas y creación de entornos favorables a las familias, entre otros. ¿Qué mensaje trasladarías a los responsables políticos que aún no incorporan estas recomendaciones en sus políticas de apoyo a la maternidad? Nuestro mensaje es que consideren la maternidad como un bien social y no solo personal; que las familias acogen a los futuros ciudadanos, y que el Estado tiene la obligación de remover los obstáculos que se encuentran los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos fundamentales. Además, España es un Estado Social, esta definición constitucional implica que los poderes públicos tienen la obligación de intervenir para promover la justicia social y reducir las desigualdades. Entonces, si la maternidad puede ser causa de desigualdad, y además hay un gran número de mujeres que dan a luz sin ninguna cobertura y poniendo en riesgo de pobreza a miles de niños, es obligación de los responsables políticos elaborar una Ley de Apoyo a la Maternidad que propicie medidas concretas y partidas de gasto suficientes para evitar situaciones de vulnerabilidad alrededor de la maternidad.
