El Ministerio de Sanidad retomará este viernes con las comunidades autónomas el debate sobre el protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios, durante el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que incluye un punto informativo sobre las recomendaciones para el control de las infecciones en la temporada 2025-2026, para su posterior revisión en la Comisión de Salud Pública. La ministra Mónica García emplazó a las consejerías en una carta a alcanzar antes del lunes un acuerdo sobre un marco de actuación común que incluya la vuelta a las mascarillas en espacios cerrados cuando sea necesario. Aragón, Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana se han adelantado a esta decisión y han recomendado su uso en centros sociosanitarios y espacios cerrados. El año pasado, este protocolo conjunto no llegó a aprobarse por la negativa de algunos consejeros y terminó publicándose como un documento de recomendaciones en la web del ministerio. Este año, también se rechazó en la última Comisión de Salud Pública del día 13, pero Sanidad insiste en que es «prioritario» seguir el debate. Por otra parte, la reunión abordará la aprobación de criterios de reparto y la distribución de 23.739.890 euros, con cargo al presupuesto de gastos de Sanidad en el ejercicio presupuestario 2025, para reforzar distintas áreas del Sistema Nacional de Salud (SNS) en materia de cribados, vigilancia sanitaria o medidas frente al tabaquismo. En concreto, el orden del día recoge el acuerdo para aprobar los criterios objetivos de reparto y la distribución territorial de dos millones a gestionar por las comunidades autónomas para mejorar la autosuficiencia en plasma humano en el SNS. También se abordará el acuerdo para la distribución de siete millones para sistemas de vigilancia en cáncer, enfermedades raras, salud mental y resistencias de antimicrobianos; un millón para el desarrollo del Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones, y otro millón para la vigilancia en salud laboral. Por último, Sanidad y las comunidades tratarán un acuerdo para aprobar los criterios de reparto y la distribución de dos millones para la vigilancia de cribados, y cuatro millones para sistemas de vigilancia.
