Mesa del Sector Público entrega petitorio y exige reajuste real de 2% al Gobierno

La Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y compuesta por 16 organizaciones de trabajadores estatales, entregó su Pliego de Negociación 2025 al Ministerio de Hacienda, dando inicio formal al proceso anual de reajuste y mejora de condiciones laborales.

El documento incluye un amplio paquete de demandas económicas, laborales y de nivelación, que las organizaciones consideran clave en el último año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. La coordinadora de la Mesa, Laura San Martín, sostuvo que el petitorio busca “justicia económica y estabilidad laboral” para los más de 900 mil trabajadores del sector.

Entre las exigencias centrales se encuentra un reajuste real del 2% para el periodo diciembre 2025–noviembre 2026, aplicable a todos los regímenes laborales del Estado, incluidos honorarios, municipalidades, universidades estatales y servicios locales de educación.

“Reajuste aplicable a la totalidad del sector público sin exclusión ni régimen. Esta demanda es coherente con la responsabilidad que nos caracteriza y contrata con las exorbitantes ganancias de la banca y el retail”, sostuvo.

El documento establece una propuesta de ingresos mínimos por estamento: $591.483 para auxiliares, $658.265 para administrativos y $700.241 para técnicos, además de un bono mensual de $63.502 para trabajadoras y trabajadores con remuneraciones brutas inferiores a $798.015.

Las organizaciones exigen además asegurar la cobertura universal de los aguinaldos, bonos de vacaciones, escolaridad y término de negociación, eliminando criterios de exclusión que afectan especialmente a trabajadores regidos por leyes especiales, SLEP y sector municipal.

Junto con ello, la Mesa enfatizó la urgencia de avanzar en materias laborales pendientes: derogación de la causal de vacancia por salud incompatible, fortalecimiento de la estabilidad mediante titularidad, cumplimiento de los acuerdos en salud mental, cuidado infantil, seguridad funcionaria e incentivos al retiro, y la instalación de una propuesta clara para aplicar la reducción de jornada a 40 horas en el sector público.

“La cobertura universal de los beneficios y el fin de la precariedad es prioridad”, dijo San Martín.

Desde el Colegio de Profesores, histórico integrante de la instancia, su presidente Mario Aguilar manifestó preocupación por el contexto fiscal en que se inicia el proceso. “Vemos señales preocupantes”, afirmó, apuntando a que el proyecto de Presupuesto “no considera el reajuste del sector público”.

Lo anterior, según Aguila, podría leerse como “pretender un reajuste cero, que en la práctica es bajar los sueldos”. Añadió que “sería absolutamente inaceptable un reajuste menor al IPC, ese debe ser el piso de la conversación”, y recalcó que el crecimiento del país “debe reflejarse en los trabajadores y no solo en los grandes poderes económicos”.

En tanto, la vicepresidenta de la CUT y encargada del sector, Gabriela Farías, reforzó la crítica al trato hacia el empleo público. “La imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos el Estado a las personas”, señaló.

A su juicio, el Ejecutivo y el Parlamento deben estar “a la altura del momento” para responder a un petitorio que calificó como “justo y largamente esperado”.

Las organizaciones remarcaron que este proceso será decisivo. “Enfrentamos el último proceso de negociación con este gobierno y no permitiremos retrocesos”, advirtió San Martín. Al cierre, la dirigencia llamó a las bases a mantenerse movilizadas: “La fuerza de nuestra negociación reside en la unidad”.

El Gobierno entregará su respuesta formal al petitorio el 4 de diciembre.