Alemania aumenta la presión sobre los 1.800 afganos atrapados en Pakistán
La cuenta atrás corre para más de 1.800 afganos bloqueados en Islamabad. Todos recibieron en su día algún tipo de promesa de protección por parte de Alemania aunque ahora y con la fecha límite marcada por Pakistán para finales de diciembre, muchos temen ser devueltos al régimen talibán. El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, aseguró este miércoles que “en las próximas semanas” habrá nuevas admisiones e incluso a mayor ritmo pero bajo ese anuncio yace una realidad más restrictiva. Berlín solo reconoce como válidas las aprobaciones de entrada confirmadas por sentencia judicial, de modo que únicamente quienes han logrado ganar un recurso pueden subir a un avión hacia Alemania. El resto seguirá en un limbo jurídico.
La diputada de Die Linke, Clara Bünger, denunció “frialdad burocrática” y Los Verdes forzaron una reunión extraordinaria del Comité de Interior para pedir explicaciones. “El ministro debe aclarar por qué se bloquean entradas comprometidas por Alemania y por qué se ignoran decisiones judiciales”, reclamó Marcel Emmerich. Pakistán, además, ha fijado un plazo inamovible: todo debe resolverse antes de fin de año y mientras tanto más de 900 afganos con reconocimiento judicial siguen atrapados en Islamabad, otros 600 dependen de programas que el gobierno germano ha decidido desmantelar y cerca de 200 ya han sido devueltos a Afganistán. Islamabad insiste en que no habrá prórrogas. La presión humanitaria se mezcla con un creciente desgaste político. La coalición había prometido en su acuerdo gubernamental revisar y, en buena medida, cerrar los programas de admisión voluntaria de afganos pero la realidad sobre el terreno ha convertido esa promesa en una fuente de tensión interna y en un flanco vulnerable para el Gobierno de Friedrich Merz.
Y esa tensión se trasladó, inevitablemente, al Bundestag porque mientras Berlín intenta resolver cómo cumplir sus compromisos con los afganos, el Parlamento alemán vivió este miércoles una de las sesiones más tensas del año: el debate general sobre la política del Gobierno. Una sesión diseñada para exhibir estabilidad que terminó mostrando, de nuevo, las grietas del gabinete.
Alice Weidel, la líder de AfD, abrió el fuego con un discurso calculado para la confrontación. Acusó al Ejecutivo de navegar “como la tripulación de la Titanic”, denunció “cinco crisis simultáneas” y presentó un plan de doce puntos que incluyó expulsiones masivas, recortes sociales extremos, vuelta a la energía nuclear y reanudar la compra de gas y petróleo ruso. Una posición que encaja con el discurso del Kremlin justo cuando la política alemana intenta reforzar su distancia con Moscú. Merz respondió con una mezcla de dureza y contención. “Alemania es un país complejo y los problemas complejos requieren respuestas complejas”, aseguró. Asimismo, admitió que el país atraviesa una triple crisis económica, energética y de seguridad, pero defendió el rumbo tomado por el Ejecutivo a través de los alivios fiscales, la bajada de costes energéticos, la digitalización, el rearme defensivo o la reforma del servicio militar que, según Merz, devuelve la seguridad al centro del consenso político. En política exterior, el canciller habló sin rodeos. Reiteró que Alemania no apoyará ningún acuerdo sobre Ucrania sin la plena aceptación de Kiev y de los socios europeos. “No habrá un acuerdo sostenible si se negocia por encima de los intereses de la Ucrania agredida”, afirmó. Un mensaje dirigido también a la oposición, después de que el jefe del grupo parlamentario de la Unión, Jens Spahn, acusara a la AfD de actuar como “la quinta columna de Putin”.
La coalición intentó proyectar unidad pero el malestar interno no tardó en aflorar. El conflicto por la reforma de las pensiones sigue abierto y los diputados jóvenes de la Unión Cristianademócrata del canciller mantienen su rechazo al plan de la ministra socialdemócrata Bärbel Bas que busca una reforma de las pensiones que reparta de forma más equilibrada la carga entre generaciones. El jueves se reúne el comité de coalición, donde algunos esperan un acuerdo y otros temen que Merz pueda verse obligado a plantear una cuestión de confianza si el bloqueo persiste. Las intervenciones de la oposición mantuvieron la presión. Los Verdes denunciaron “falta de rumbo” y la izquierda de Die Linke acusó al Gobierno de priorizar la defensa sobre la cohesión social.
El debate económico fue áspero y las referencias a las encuestas, que reflejan una caída de confianza en el Ejecutivo, se repitieron a lo largo de la sesión. Cuando terminó el debate, en el hemiciclo aún resonaban las acusaciones cruzadas y las apelaciones a la unidad. La coalición quiso mostrar estabilidad frente a la AfD y firmeza en política exterior, pero la jornada arrojó una imagen dividida entre disputas internas y cálculos políticos.