Anticorrupción abre una investigación al CNIO tras las graves denuncias de corrupción contra el exgerente
La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia de un ex alto cargo del centro de investigación contra el cáncer que ha sumido a la institución en una nueva crisis
El CNIO aprueba la salida del exgerente de su actual puesto tras las graves acusaciones de corrupción
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias tras la denuncia de un ex alto cargo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) el pasado mes de junio que ha sumido a la institución en una nueva crisis, según ha podido confirmar elDiario.es y ha adelantado el diario ABC.
La denuncia de 120 páginas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ofrece datos sobre una presunta red de empresas alrededor del exgerente Juan Arroyo en la que participan extrabajadores del centro y que habría detraído “entre 20 y 25 millones de euros” de la lucha contra el cáncer.
Tras conocerse estos nuevos detalles, el Patronato CNIO aprobó este martes la destitución del exgerente, Juan Arroyo, como vicedirector de asuntos económicos, cargo que siguió ocupando tras su cese de la gerencia en enero de 2025 junto a la directora científica María Blasco. Según fuentes conocedoras del proceso, se da por sentada la salida de dos cargos de su confianza, la secretaria general y el adjunto a la gerencia.
Una denuncia que viene de lejos
La nueva denuncia retoma y amplía las acusaciones de corrupción contra el gerente y su entorno que ya habían presentado María Blasco y, antes aún, la expresidenta del comité de empresa entre 2018 y 2023, Ana Hernández. Esta vez la iniciativa parte de una persona que trabajó estrechamente con Arroyo durante años y que aporta detalles nuevos de una presunta operativa de contratos administrativos, logísticos e informáticos que, según él, se amañaron o se inflaron hasta un 400%.
A finales de enero, en plena vorágine de acusaciones sobre su gestión, Blasco puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una serie de contratos menores con una cuantía que supera en su conjunto los 1,5 millones de euros solo en el primer trimestre de 2024 y que correspondían a “un grupo coincidente de empresas que a su vez comparten administradores entre ellas, lo que arroja sospechas en cuanto a la licitud de esta mecánica de contratación”.
A pesar de los indicios de posibles irregularidades en la contratación, a través de comunicaciones internas y denuncias, tanto el patronato como el Ministerio de Ciencia mantuvieron una actitud pasiva que solo desembocó en la destitución de la directora científica y el exgerente ante un escándalo mediático sin precedentes. En esta segunda crisis, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades conoció con meses de antelación la existencia de la denuncia pero no tomó medidas hasta que se conoció el escándalo por los medios.