El juez Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa contra Begoña Gómez por no pagar la fianza durante 19 meses
El pseudosindicato ultra debía abonar una cantidad para ejercer la acusación popular de un proceso abierto a raíz de una denuncia presentada por ellos y que consistía en informaciones de prensa y un bulo
El juez Juan Carlos Peinado ha expulsado de la causa contra Begoña Gómez al pseudosindicato Manos Limpias por no haber aportado la fianza exigida para ejercer la acusación popular, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. El procedimiento judicial contra la esposa del presidente del Gobierno se inició a raíz de una querella de la organización ultra.
Peinado admitió la querella presentada por Manos Limpias en abril de 2024 basada en varias informaciones y un bulo. Con posterioridad, agrupó a las acusaciones populares bajo una dirección letrada que ahora ejerce la organización ultracatólica HazteOir. En la providencia de este miércoles, el juez señala que la representación procesal de Manos Limpias no ha presentado “justificación documental de haber consignado el importe exigido para ser tenido por parte en el presente procedimiento” y, por tanto, “se les tiene por apartado del mismo”.
Esta misma semana trascendió que el abogado que representaba a Manos Limpias en el procedimiento había renunciado por la politización del mismo que, decía, había emprendido el pseudosindicato. Carlos Perales mandó un escrito de renuncia en el que afirmaba que las “decisiones estratégicas” ya “no se inspiran en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico”.
“La abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública. El abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección letrada en un escenario en el que los tiempos y los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal, supondría para este despacho quebrantar el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso”, proseguía el burofax.
El pseudosindicato cargó contra su exabogado un día después y le acusó de “violar el código ético de la abogacía” y hacer “manifestaciones” que “carecen de todo fundamento”: “Bajo ningún concepto [las decisiones] corresponden a naturaleza política, se atienen escrupulosamente al más estricto y escrupuloso respeto al Estado de Derecho”.