Justicia, salud y desastres socionaturales: las deudas en derechos humanos, según informe UDP
Con una mirada hacia el grado de cumplimiento de Chile con los estándares internacionales, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales presentó la edición 2025 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos. Una que coincide con el último año de mandato del Presidente Gabriel Boric y en la que se advierten avances parciales y deudas que persisten.
La vigésimo tercera edición de este informe reúne el trabajo de más de una veintena de investigadores en materias como derecho a la salud, migración y medioambiente. Pero además, entre sus diez capítulos, hay tres inéditos que abordan la corrupción y derechos humanos, centrado en el Poder Judicial; el diseño presupuestario en DD.HH., y las obligaciones de cumplimiento del Poder Legislativo.
Entre sus principales hallazgos, el estudio alerta de retrasos estructurales en materia de vivienda, salud y justicia. Asimismo, consigna débiles respuestas del Estado en desastres socionaturales entre 2024 y 2025, y retrocesos regulatorios en protección ambiental.
Entre los capítulos del informe, como principales resultados, se ahonda de manera inédita en las indemnizaciones por tortura durante la dictadura. Asumiendolo como “una obligación del Estado”, y abarcando las sentencias dictadas entre los años 2000 y 2024, se pone el foco sobre si los criterios jurisprudenciales y los principios del derecho civil aplicados en estas resoluciones se ajustan a las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
“Es importante señalar cómo la Corte Suprema advierte que las reparaciones administrativas que el Estado de Chile ha entregado a las víctimas de violencia, de tortura y de prisión política no han sido suficientes. Y que requiere esfuerzos adicionales desde el Estado para asegurar una completa reparación”, comentó en la presentación Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP.
Acerca del rol del Poder Legislativo en la protección de los derechos humanos, Marcela Zúñiga, editora de la edición 2025 del informe y doctora en Derecho, defendió la necesidad de “reconocer que es una institución del Estado que debe proteger los DD.HH. en primera línea, que muchas veces es un rol que es omitido en los análisis”.
AHORA | El Centro de Derechos Humanos UDP (@ddhh_udp ) ya realiza la presentación del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2025.
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— Facultad Derecho UDP (@UDPDerecho) November 25, 2025
“Nos permitió dar cuenta de la necesidad como país de debatir o generar al menos una discusión en torno a cómo se legisla, bajo qué enfoque estamos legislando y también para quién legislamos. Uno de los hallazgos más relevantes de este capítulo fue identificar que no existe algún mecanismo institucional que sea efectivo para hacer el contraste entre la normativa nacional y los estándares internacionales”, relató la académica.
La persistencia de los problemas en el sistema de salud en nuestro país fue otro de los puntos claves a tratar en el informe. “Tenemos un sistema público que está sobrecargado y un sistema privado que está atravesando una crisis de sostenibilidad. Ambos factores evidencian y ponen en riesgo estándares esenciales”, alertó Marcela Zúñiga.
“Así se identificaron temas prioritarios que deben ser atendidos por el gobierno actual, y por quién venga a continuación, relacionado con el incremento sostenido de las listas de espera, las brechas de acceso según nivel socioeconómico y también territorial, la falta de fiscalización efectiva del sector privado de salud, y también la necesidad de fortalecer la atención primaria como una herramienta de equidad dentro del Estado”, profundizó.
En tanto sobre el debate en el tema migratorio, el informe plantea avanzar en una “política migratoria que sea ordenada, que sea coherente, y que al mismo tiempo sea humanitaria”. “Chile debe cumplir con sus obligaciones internacionales, y debe responder en este sentido a los desafíos de seguridad con un enfoque de derechos humanos”, planteó Zúñiga.
La editora general del informe y doctora en Derecho, Judith Schönsteiner, estableció un punto acerca del debate sobre DD.HH. en contexto electoral. “Aunque en las campañas de este año poco hemos escuchado sobre derechos humanos, no discriminación, derechos fundamentales, no fueron temas que resonaran en los titulares, algunas propuestas tendrían un impacto gravísimo en los derechos humanos de ciertos grupos especialmente vulnerables”, alertó.
Relacionado con lo anterior recalcó su preocupación acerca de la protección de la niñez en propuestas sobre casos de padres en situación irregular. “Sería muy desproporcional para estos niños, niñas, pero es también impracticable crear estos cupos en el sistema que ya está completamente sobrepasado”, apuntó la académica.
Por otro lado, la Comisión para la Paz y el Entendimiento también es materia de análisis, ante sus límites frente al desafío de la reparación territorial mapuche. En este se detalla el acceso a procedimientos justos y equitativos para los pueblos indígenas, y el derecho a una reparación efectiva frente a la vulneración de sus derechos colectivos.
El apagón a nivel nacional y el megaincendio de Viña del Mar en los últimos años se sitúan entre los hechos de desastres socionaturales que el informe analizó. En este apartado se concluyó que existen falencias de prevención, coordinación y equidad, exigiendo fortalecer estos ámbitos.