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Oposición tiene ventaja mínima: Senado prepara votación para intentar inhabilitar a exministro Diego Pardow

El Senado definió para este martes la votación de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, proceso que llega a la Cámara Alta tras la aprobación del libelo en la Cámara de Diputados, en medio de la controversia por los cobros excesivos registrados este año en las cuentas de electricidad.

La jornada arrancará a las 10.00 horas, cuando la Sala escuche la relación del caso y las exposiciones del equipo acusador y de la defensa de Pardow, en bloques de tiempo delimitados.

Por la tarde, desde las 15.00 horas, las y los senadores deberán fundamentar su postura en un máximo de tres minutos antes de votar por separado los dos capítulos del libelo, que apuntan a supuestas infracciones a los principios de probidad, eficiencia y eficacia en la gestión tarifaria del sistema eléctrico.

Diego Pardow y su abogado Francisco Cox.

El primer capítulo acusa a Pardow de haber incurrido en errores en la fijación de precios eléctricos aplicados desde enero de 2024, lo que, según los acusadores, derivó en perjuicios para los usuarios. El segundo, cuestiona su reacción ante un error de cálculo detectado por una empresa de transmisión y comunicado al Ministerio de Energía a fines de ese año, situación que derivó en la autodenuncia de Transelec y que de acuerdo el escrito, no habría sido abordada con la oportunidad requerida.

La votación se anticipa estrecha. La ausencia acordada de los senadores Iván Flores (DC) y Felipe Kast (Evópoli), quienes pactaron un pareo por compromisos institucionales del primero, deja a las oposiciones con la cifra justa para aprobar el libelo: 26 votos, el mínimo que exige la Sala.

Sin margen para nuevas inasistencias, los bloques opositores llegarán con 27 escaños propios, lo que les permitiría, si se alinean, inhabilitar a Pardow para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Sesión de la Comisión revisora de la Acusación Constitucional contra Diego Pardow.

Sin embargo, el escenario no es del todo estático. Desde La Moneda reconocen que hay parlamentarios del eje progresista que evalúan sumarse a la acusación, pese a que en el Partido Socialista (PS) ya se habría cerrado filas para rechazarla. “La decisión será común”, adelantó el senador Gastón Saavedra (PS), quien evitó adelantar posiciones por el deber de actuar como jurado.

En tanto, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, salió nuevamente en defensa de Pardow, afirmando que los argumentos del libelo “carecen de solidez jurídica” y que el Senado debiera reconocer esa insuficiencia al momento de votar. Señaló que una eventual aprobación sería “una conclusión injusta” para Pardow y descartó que el caso afecte la agenda gubernamental.

En general, los senadores optaron por la cautela, conscientes de que emitir juicios anticipados podría exponerlos a cuestionamientos de inhabilidad. Incluso en sectores favorables al escrito jurídico evitaron marcar públicamente una posición firme.

En este contexto, el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien encabezó la comisión revisora en la Cámara Baja, reforzó los argumentos que, a su juicio, justifican que la acusación avance en el Senado. El parlamentario desestimó la tesis de la defensa relativa a la autonomía de la Comisión Nacional de Energía (CNE), señalando que un ministro “sí debe responder” por los decretos tarifarios que firma.

Diputado y excandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Foto: Aton.

Si uno extiende ese argumento podría entender que un ministro no responde prácticamente de ninguna situación o de hechos que podrían ser graves”, advirtió, recordando precedentes en otras carteras donde sí se imputó responsabilidad política a sus titulares, como el caso de Andrés Chadwick por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social en 2019.

Por otra parte, cuestionó la falta de transparencia en torno al vínculo de la pareja del exministro con la empresa Transelec, elemento que, según argumentó, debió haberse puesto sobre la mesa desde un inicio. “Un conflicto de interés no declarado, no por sí un conflicto de interés es irregular, pero no declarado sí se constituye un hecho a mi juicio relevante”, enfatizó.

“Por no haber revisado circunstanciadamente los hechos que derivaron en pagar más por parte de los consumidores, y este otro argumento yo creo que es procedente y que el Senado la va a aprobar”, concluyó el legislador.

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