Los eslovenos anulan en referéndum la ley de suicidio asistido aprobada por el Parlamento
Los eslovenos han anulado este domingo en referendo vinculante, con una mayoría del 53 %, la ley de suicidio asistido aprobada por el Parlamento el pasado julio y que fue criticada por la oposición conservadora y la Iglesia católica.
Según el recuento del 50 % de las papeletas, más de la mitad de los electores han votado por anular la norma que fue impulsada por el Gobierno de centro-izquierda y respaldada primero en una consulta no vinculante y luego aprobada por el Parlamento.
La participación ha sido del 35 % del electorado, por encima del 20 % necesario para que el resultado de la consulta sea válida.
La pregunta del referéndum era "¿Está usted a favor de aplicar la Ley de interrupción voluntaria asistida de la vida, aprobada por la Asamblea nacional en su sesión del 24 de julio de 2025?"
La oposición a la ley, encabezada por sectores conservadores, la Iglesia católica y el Partido Democrático Esloveno (SDS), sostiene que el texto vulnera la protección de la vida recogida en la Constitución.
"Deseo que los enfermos, los discapacitados y los jubilados ganen hoy para que puedan vivir en paz y seguridad", declaró al cierre de las urnas el promotor del referéndum, el activista conservador Ales Primc.
La norma, la primera de este tipo en un país de Europa del Este, establecía que sólo los adultos mentalmente capacitados y afectados por un sufrimiento insoportable por una enfermedad terminal o muy grave, y sin visos de mejora, podían solicitar la asistencia para morir.
Preveía que en caso de que fuera aprobada su solicitud y pasados diversos controles médicos y psicológicos, el paciente debería ingerir o inyectarse por sí mismo la sustancia legal para acabar con su vida y el personal sanitario -desde enfermeros y médicos hasta farmacéuticos- podría optar por no participar.
El pasado junio se celebró un referéndum consultivo en el que el 55 % de los votantes apoyó regular el suicidio asistido. Posteriormente, el Parlamento aprobó en julio la ley con 50 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.
El Consejo Nacional, la cámara alta, que funciona como un órgano de control, aplicó un veto suspensivo tras el que se comenzó a recoger firmas para convocar el referendo consultivo.
La consulta fue convocada al reunir 46.000 apoyos, 6.000 más de la necesarias.