El plan de biometanización que la Administración regional tiene previsto llevar a cabo supone la construcción en los próximos años de un buen número de plantas de biogás para producir este tipo de energía (biometano), una alternativa que se percibe idónea para aplicar criterios de sostenibilidad y economía circular, aprovechando en este caso las características del mundo rural y así convertir en energía los cuantiosos residuos agrarios y de granjas de animales. En este sentido, Castilla-La Mancha, según las empresas promotoras, es la tercera comunidad con mayor potencial técnico para generar biometano. Sin embargo, esta nueva fuente energética tropieza en muchos casos con el recelo y la contestación social, además de la política, ante la posibilidad de riesgos sanitarios y de otro tipo que algunos movimientos y una gran parte de los propios ayuntamientos afectados plantean para oponerse a estas infraestructuras. Se hace incidencia de manera especial en los malos olores o contaminaciones que las nuevas plantas de biogás pueden llegar a producir si no se ponen todas las medidas técnicas y estructurales. Uno de estos casos ya fue adelantado en las páginas de ABC a primeros de septiembre, cuando el equipo de gobierno de Casasbuenas (Toledo) denunció el «olor nauseabundo» que desprende la planta de biogás inaugurada en verano en la vecina Noez -aunque la planta está mucho más cerca del núcleo urbano de Casasbuenas-. Según su alcalde, Juan Antonio Camuñas (PP), los malos olores siguen y la Fiscalía no ha contestado a la denuncia interpuesta . También hay que destacar el caso de Membrilla (Ciudad Real), donde la compañía Gardenia Power SL proyecta una de estas plantas con capacidad para procesar 80.000 toneladas anuales de residuos orgánicos. En este caso, el proyecto ha sido rechazado por el alcalde, Jorge Navas (PP), quien en la red social X explica que «no se pueden poner este tipo de instalaciones porque sus normas subsidiarias no lo permiten y porque su alcalde no quiere». Al caso de Membrilla se une el ya llamado 'Triángulo de las basuras', en alusión al plan de construcción de cuatro plantas de biometano en Manzanares, Membrilla y Llanos del Caudillo para el tratamiento total de 500.000 toneladas de residuos y la puesta en circulación de más de 60.000 camiones de alto tonelaje al año. Lo que ha generado una ola cada vez mayor de protesta y rechazo ciudadano. Y no solo por los potenciales peligros medioambientales, sino también por la falta de transparencia en la tramitación administrativa por parte de la Junta. En total, en la provincia de Ciudad Real ya se tramita la instalación de más de una docena de este tipo de plantas energéticas. Además de esos casos señalados, y mientras en el horizontes llegarán nuevos proyectos previstos en Villaseca de la Sagra, Villaminaya, La Villa de Don Fadrique o Gálvez, todos en Toledo, desde hace unas semanas esta oposición ha surgido de manera clara con la planta que desde primeros de octubre está construyendo la empresa Verdalia en Villaluenga , que estará operativa a finales de 2026. La inversión prevista es de 17 millones de euros y durante su construcción generará entre 50 y 80 empleos , previendo que una vez esté en marcha cree siete puestos fijos directos y otros indirectos, preferentemente cubiertos por trabajadores de la zona. Producirá más de 150.000 toneladas anuales. Se da la circunstancia de que la planta se levanta en un punto del término de Villaluenga que está más cercano a los centros urbanos de Cobeja (1,5 kilómetros), Yuncler (1,7 kilómetros) y Pantoja. De Villaluenga está a 1,9. La reacción popular contraria se encauza a través del movimiento 'Stop Planta Biogás Villaluenga, Yuncler, Cobeja' y también la secundan los ayuntamientos afectados. De hecho, hoy hay prevista una marcha en Villaluenga una marcha contra la planta. La cita es a las 11.30 horas y se hará un recorrido desde la rotonda de cuatro caminos hasta el ayuntamiento, donde se dará información. Mientras, en Cobeja hace unas semanas se convocó una reunión, a la que asistieron unas 500 personas, para informar a los vecinos. Su alcalde, José Luis Aguirre Jiménez (PP), manifiesta a ABC su «oposición por considerar que supone un riesgo potencial para la salud y el bienestar de los vecinos. Y añade: «Mi prioridad es la salud de todos y la protección del entorno. No podemos permitir que un proyecto de estas características se ubique tan cerca de nuestras viviendas, centros escolares y espacios naturales ». Además, «no estamos en contra del desarrollo sostenible ni de las energías renovables, pero deben implantarse con responsabilidad, respeto a los pueblos y garantizando plenas condiciones de seguridad sanitaria y medioambiental». También el Ayuntamiento de Yuncler convocó una reunión informativa para los vecinos en la que el alcalde, Luis Miguel Martín (PSOE), explicó en qué consiste el plan de biometanización de la Junta, si bien reconoce su oposición a la planta de Villaluenga: «Nosotros estamos de acuerdo con este tipo de instalaciones, pero siempre que estén a más de dos kilómetros del casco urbano, y sabiendo de dónde vendrán los residuos que se utilizarán, por eso no veo justo que se esté haciendo en ese lugar». Martín también expresa su queja por el hecho de que la Junta no haya tenido en cuenta las alegaciones que su ayuntamiento presentó en abril de 2024, en las que se hacía alusión a posibles malos olores o contaminación de acuíferos, además del aumento del tráfico de camiones pesados. Y otra de las quejas es que la noticia de la concesión de la planta llegó sin previo aviso, cuando el Ayuntamiento de Villaluenga ya tenía la licencia. En definitiva, el alcalde de Yuncler reclama para este tipo de proyectos un «consenso social», así como ponerlos en contexto, «ya que no es lo mismo un lugar en el que la actividad agrícola y ganadera es el medio de vida que otros como este en que esa no representa la actividad económica más sobresaliente». Por su parte, el Ayuntamiento de Pantoja celebró el miércoles una reunión informativa para dar cuenta de la situación a sus vecinos. El alcalde, Julián Torrejón (PP), se muestra igualmente en contra, «pero no porque estemos en contra de las plantas de biogás en La Sagra, sino porque deben cumplirse todos los requisitos técnicos para que estén situadas en lugares suficientemente apartados de los centros urbanos y no den problemas de malos olores o contaminación». Asimismo, lamenta que «nos enteramos de que la Junta había dado su informe favorable ya a toro pasado» . A finales de octubre, tras el acto de colocación de la primera piedra, el Ayuntamiento de Villaluenga convocó una reunión vecinal a la que asistieron unas 300 personas. En ella se puso de manifiesto la controversia e incertidumbre por las opiniones diferentes. La Plataforma Stop Planta de Biogás manifestó su preocupación y sorpresa por haberse enterado del proyecto sin que hubiera habido participación ciudadana antes de ser concedida la licencia. Según informó 'La Sagra al Día', una de las quejas principales es que no se cumple la distancia de dos kilómetros y, además, hay tres riesgos técnicos principales: el primero, la contaminación de acuíferos y suelos por nitratos; el segundo, la generación de malos olores que pueden derivar en problemas respiratorios y alergias, y el tercero, la posible fuga de gas de metano. También aludieron al aumento del tráfico de camiones cargados de purines y residuos orgánicos. En dicha reunión se vivieron momentos de tensión. «No pudimos explicar cuál había sido toda la tramitación reglada que se ha llevado a cabo ante un abucheo continuo», afirma el alcalde de Villaluenga, Carlos Casarrubios (PSOE), quien califica lo ocurrido de «surrealista» y apunta que la oposición municipal, del PP, no había preguntado por esta cuestión hasta que la noticia se ha ido polemizando. Ya el 28 de octubre, en un pleno extraordinario celebrado con estrictas medidas de seguridad, los concejales del PP terminaron abandonando el salón porque pretendían introducir un punto del orden del día sobre la planta y, según el equipo de gobierno, legalmente no era posible al no estar previsto antes. El alcalde recuerda que se vio obligado a salir escoltado por las fuerzas de seguridad. Al margen de estos episodios, Casarrubios afirma que toda la tramitación de la planta de biometano es completamente legal. El proyecto nació en 2022 y, por tanto, es anterior al plan de biometanización 2026-2030 de la Junta. Desde entonces, se han ido cumpliendo todos los requisitos, como la calificación urbanística, la información pública y la autorización ambiental, hasta llegar a la licencia, concedida en enero de 2025. La planta se levantará en terrenos de titularidad privada. El alcalde asegura que también se atendieron las alegaciones desde la Consejería de Sanidad y desmiente que el proceso se haya llevado con secretismo: tanto a Cobeja como a Yuncler se les informó al principio y después a Pantoja. Respecto a los posibles efectos nocivos, en especial los malos olores, Casarrubios señala que «el proyecto especifica que la planta es cerrada y hermética, y hay un informe de la rosa de los vientos sobre el movimiento más habitual del viento». Se apoya en que las autorizaciones desde la Junta garantizan que no habrá malos olores y que se cumple con las normas sanitarias, medioambientales y de seguridad. Y sobre otra de las críticas por el aumento del tráfico, indica que el paso de los camiones está también regulado para que no cause perjuicio a los núcleos urbanos. Por último, asegura que los residuos transportados en esos camiones se trasladarán desde las granjas y fincas agrarias de la zona ya secos y herméticamente tapados.
