La condena al fiscal general llega a Bruselas: el PP urge a Europa que frene al Gobierno de Sánchez
Una vez más, el Partido Popular decide trasladar su contienda contra la deriva institucional en España a las instituciones europeas. Concretamente, se centra en una condena histórica y que ha visto la luz esta semana: la del fiscal general del Estado. Por un presunto delito de revelación de secretos. Un caso que, para los populares, "constituye un hecho de máxima gravedad institucional y un serio riesgo para la separación de poderes".
Por eso, el grupo que comanda Esteban González Pons en Bruselas lleva la sentencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, la reacción del Gobierno, hasta el Parlamento Europeo. En unas declaraciones remitidas a la prensa, la número dos del PP europeo, Dolors Montserrat, ha subrayado que la condena a Álvaro García Ortiz constituye "uno de los episodios más graves que ha afrontado" la democracia española "desde el punto de vista institucional".
Para la eurodiputada, la sentencia, cuyo contenido íntegro todavía no se conoce, confirma que "quien debía ser garante último de la legalidad utilizó su posición para fines políticos, vulnerando principios esenciales del Estado de derecho". Algo que, denunció, no se trata de "un desliz aislado", sino que supone una "quiebra deliberada de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal". Y lo "verdaderamente alarmante", añadió, "es que el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo" no ha actuado "para preservar la integridad institucional", sino que ha mantenido y amparado al fiscal general "hasta el final. Incluso cuando ya existían indicios sólidos de su conducta irregular".
Por su parte, el secretario de libertades del PP y también eurodiputado, Adrián Vázquez, sostiene que condena al fiscal general es: "La confirmación judicial de que la persona encargada de garantizar la legalidad delinquió por razones políticas rompiendo la separación de poderes". Sin embargo, lo peor es "la reacción del Gobierno contra el sistema judicial".
Para el PP, el respaldo explícito de la Moncloa al fiscal, una vez conocida la sentencia, no encaja con los valores democráticos que se esperan de una democracia madura como la española. "Están atacando una sentencia que todavía no han podido leer e intentando deslegitimar a un Tribunal Supremo que también ampara sus derechos", ha denunciado el eurodiputado.
"Esta actitud revela un deterioro institucional que Europa no puede ignorar". Por eso, incide en que el caso trasciende el ámbito político y afecta directamente al funcionamiento democrático. "La separación de poderes es la piedra angular del Estado de derecho español y europeo. Cuando un fiscal general es condenado por el Tribunal Supremo y el Gobierno responde cuestionando el fallo mientras sigue defendiendo su inocencia, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de la Fiscalía, sino la confianza de los ciudadanos en que las instituciones actúan sin injerencias".
Por eso, el PP urge a las instituciones comunitarias que actúen y le frenen los pies al Gobierno de Sánchez. "La Unión Europea debe actuar cuando un Estado miembro muestra señales de ruptura de la separación de poderes y vulneración de la independencia judicial. Ante esta situación, la delegación del PP llevará al Parlamento Europeo la condena al fiscal general del Estado para poner de manifiesto la erosión al Estado de derecho en España".