El
Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado,
Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para ejercer ese cargo y a 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un
fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
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