La condena impuesta por la Sala Segunda del Tribunal a quien era fiscal general del Estado puede calificarse como moderada en su extensión y coherente con el resultado del juicio oral. Una rotunda mayoría de cinco magistrados frente a dos ha considerado que Álvaro García Ortiz reveló indebidamente datos confidenciales de la pareja de Díaz Ayuso y le impone dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, una multa de 7.200 euros y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador. La Sala ha descartado las penas de cárcel que pedían las acusaciones y limita el mayor reproche punitivo a una inhabilitación para su cargo, que solo será revisable por el TC mediante recurso de amparo. Los magistrados han gestionado con prudencia sus deliberaciones, evitando filtraciones y dando a conocer solo el fallo de la futura sentencia en cuanto se constató que la ponente, la magistrada Susana Polo, optaba por la absolución y se quedaba en manifiesta minoría. El nuevo ponente de la sentencia será el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta. La condena confirma que fue una temeridad del Gobierno mantener al fiscal en su puesto mientras se sentaba en el banquillo, proyectando una penosa y bochornosa imagen de la Justicia y de la separación de poderes en España. Las reacciones del PSOE y de sus socios de izquierda han dado continuidad a la campaña de difamación sistemática que estaban desarrollando contra la Justicia , en general, y contra los jueces que investigan la corrupción del entorno de Sánchez, en particular. El caso de García Ortiz es también corrupción, no económica, pero sí institucional, porque aprovechó su autoridad como máximo responsable del Ministerio Público para enfangarse en la táctica política del Gobierno contra la presidenta de Madrid. Para desmentir una noticia nunca hubiera hecho falta que el mismísimo fiscal general del Estado, a altas horas de una noche, reclamara el expediente de González Amador y el correo que semanas atrás había enviado su abogado a la Fiscalía con una propuesta de conformidad por delitos fiscales. Habría bastado una sencilla nota con el desmentido de que dicha propuesta nunca partió de la Fiscalía. Pero no fue así porque, como dejó por escrito Ortiz, había que «ganar el relato», asumiendo el lenguaje del Gobierno al que servido hasta verse arrastrado por sus fobias. El texto de la resolución expresará cómo los magistrados de la mayoría han valorado la prueba para llegar a la conclusión de que García Ortiz es responsable de un delito de revelación de secretos; y cómo las magistradas en minoría justifican sus votos particulares. Nada que no sea propio del funcionamiento del Estado de derecho, en el que los jueces juzgan con independencia de criterio y formulan sus discrepancias de forma motivada. Sin embargo, la espera por la sentencia no aplaza las responsabilidades políticas por este caso, que señalan directamente a Sánchez, quien tuvo la desfachatez de preguntarse quién iba a pedir disculpas a García Ortiz cuando la UCO reveló que había borrado sus mensajes. Pocos indicios más claros de culpabilidad que el empeño en no dejar rastro de unas comunicaciones que, supuestamente, le habrían exonerado. Entre las pruebas claras ofrecidas por testigos y el informe policial sobre la secuencia de hechos que acaba con la revelación del secreto en una emisora de radio, poco ha podido hacer la movilización extravagante de determinados medios y periodistas, que asumieron, sin precedentes de comparación, la defensa de un cargo de confianza del Gobierno, hasta el extremo de considerar su fallido testimonio exculpatorio como una prueba vinculante para los jueces. Ocasión propicia para una reflexión sobre el papel de los medios como actores de una democracia deliberativa basada en el respeto a la opinión pública. El PSOE y sus socios oscilan entre «morderse la lengua», acusar a la Sala Segunda de «golpismo» o tachar la sentencia de «asesinato civil». Este tremendismo de la izquierda contra los jueces es el propio de unos grupos que han optado por la ruptura con los principios constitucionales de separación de poderes y de respeto a la ley. De nuevo los jueces han asumido su compromiso. Lo único que no ha funcionado en toda esta historia ha sido el fiscal condenado y un Gobierno que debe aceptar su responsabilidad política por confiar en García Ortiz y convocar elecciones. Esta legislatura es ya un insulto a la democracia.
