Valencia continúa sin aprobar la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) mientras avanza el plazo que puede costarle más de 100 millones de euros de los fondos europeos. Tras el pleno de octubre, donde la normativa no logró salir adelante por el voto en contra de Vox, las conversaciones entre la oposición y el Partido Popular se han prolongado sin resultados. Las discrepancias entre grupos han vuelto a impedir un acuerdo en el pleno de noviembre, pese a que el PP ha presentado una nueva propuesta modificada respecto a la ordenanza anterior y la oposición dos mociones con alternativas. Cabe recordar que estaba previsto aprobar la ordenanza durante la sesión plenaria del pasado mes de octubre, para que la ZBE entrara en vigor el próximo 1 de diciembre. No obstante, el voto en contra de última hora de Vox, que forma parte del equipo de gobierno junto al PP, dejó a los 'populares' en solitario en la defensa de la normativa tras votar hasta en cinco ocasiones a favor previamente. Desde entonces, el PP ha intentado negociar con PSOE y Compromís para lograr un acuerdo, que rechazaban por considerarla «de mínimos». Por su parte, tanto el PSOE como Compromís, han presentado en el pleno de noviembre celebrado este martes, dos mociones al respecto para llegar a un consenso, en las que mantenían las condiciones que defendían para negociar. Por parte del PSOE, se planteaba dejar libre de coches el Corredor Verde, y en la propuesta de Compromís, adoptar medidas para reducir el tráfico en vías como la calle Colón y mejorar la calidad del aire. Ambas iniciativas han sido rechazadas con los votos de PP y Vox. Al respecto, el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha presentado una última propuesta, la tercera según ha subrayado, para intentar llegar a un acuerdo. El nuevo texto introduce ajustes respecto a la ordenanza anterior, dado que contempla que los vehículos de vecinos de la ciudad de Valencia, que tengan etiqueta A, se les adelante la prohibición de acceso a la ZBE al 1 de julio de 2027, es decir, seis meses antes. Respecto a los vehículos con etiqueta B de fuera de Valencia, ha planteado prohibir su entrada en la ZBE en el plazo de un año a contar desde el momento en que se incumplan los umbrales de contaminación aplicables a partir de 2030. En cuanto al perímetro de la ZBE, Carbonell ha propuesto ampliarlo hasta la V-30 incluyendo a los barrios de San Isidro, San Marcelino y el Marítimo. Sin embargo, para la oposición las modificaciones introducidas por el PP no han sido suficientes y, por tanto, han rechazado esta última propuesta. Con este nuevo desacuerdo, la ordenanza permanece sin los apoyos necesarios y totalmente bloqueada. En esta línea, Carbonell ha indicado que no quería el voto a favor de la oposición, sino una abstención. « No he venido aquí a pedir que voten a favor , he pedido simplemente que se abstengan. No quiero que hagan la ordenanza, simplemente que cumplan con una obligación legal», ha destacado. Por su parte, la edil del PSPV María Pérez le ha reprochado que «si quiere el voto del grupo socialista, haga un planteamiento que de verdad reduzca la contaminación de esta ciudad», que ha resaltado que se ha de contar con una normativa «efectiva» en favor de «la salud de los valencianos». Por parte de Compromís, Giuseppe Grezzi , que ha asegurado que su moción buscaba «desatascar la situación», ha señalado que «trabajar para reducir la contaminación» implica «comenzar a tomar medidas para reducir el tránsito». «Si quieren empezar a hablar de hacer una ZBE, empiecen a trabajar para reducir el tráfico en la calle Colón» y «cierren antes de final de año el túnel de Pérez Galdós», ha apuntado. Cabe recordar que la no implementación de la ZBE en Valencia pone en riesgo los fondos europeos Next Generation . Además de la pérdida de estas ayudas, el Ayuntamiento se enfrentaría a una sanción económica por incumplir con la normativa, junto con la obligación de devolver las subvenciones al transporte, lo que asciende a 115 millones de euros.
