Plencia y Gorliz son dos municipios de pocos miles de habitantes ubicados a pocos kilómetros de Bilbao. Sólo les separa una ría, que serpentea desde las montañas vizcaínas hasta desembocar en el cantábrico. «Jo ta ke» (sin parar, en euskera) puede leerse de un grafiti gigante en uno de los puentes que la cruzan. Este y otros lemas usados por ETA y a favor de sus presos decoran muchas de las calles, donde abundan pintadas de grupos de la izquierda aberzale radical como Jarki o Jardun. En el primero de estos pueblos, donde se ubica el instituto Uribe-Kosta, daba clases Nagore hasta que tuvo que pedir la baja a finales de octubre. «Ahora está medicada», comentan las fuentes consultadas por este periódico. El día de Hallowen, decenas de adolescentes, muchos de los cuales reciben clases en este centro se concentraron frente a su casa, en Gorliz, para lanzar huevos y otros objetos a su fachada. Un suceso que, lejos de ser esporádico, viene repitiéndose desde 2018, instaurado como una suerte de «tradición», pues pasa de generación en generación. «Saben que es de aquí y saben donde está su casa. El sitio ayuda para que pase eso», afirman vecinos que la conocen. Relatan que este acoso, ahora bajo investigación de la Fiscalía de menores y la Ertzaintza , comenzó hace alrededor de ocho años cuando Nagore identificó alumnos de su centro detrás de ataques contra sus vecinos y salió en su defensa. Se trata de una pareja de jubilados con discapacidad que trabajan en la ONCE y que también están en el foco de estos actos vandálicos reiterados. El lugar en el que se encuentran ambas viviendas está apartado del centro de Gorliz, en una zona de adosados donde al caer la noche se vienen produciendo estas reuniones, sobre todo en días festivos, para «lanzar huevos, petardos, piedras, reventarles el buzón...». La noche de Hallowen del año pasado fue una de las más fuertes: «No sabría decir qué cantidad de huevos lanzaron contra la casa». La propia Nagore remitió entonces una carta a XL Semanal en la que describía cómo se había vuelto «común» que menores de 12 y 14 años actuaran así, en «manada» y sin consecuencias, y pedía «responsabilidad» a familias, educadores e instituciones. Según informó 'El Correo', que este lunes adelantó la noticia de la investigación de la Fiscalía tras los hechos del pasado 31 de octubre (donde participaron alumnos de 1º y 3ºde la ESO, pero también de primaria y antiguos estudiantes), el ataque en 2024 sí provocó la apertura por parte del centro educativo de 23 expedientes a alumnos que participaron en el acoso a la docente. Entre las medidas que se adoptaron entonces, estaba la imposición de nueve horas de trabajo social, realizando tareas de «rehabilitación de espacios y limpieza de playas» . También se les obligó a leer un libro basado en una experiencia de acoso con la idea de que después reflexionarán sobre ello. Este periódico trato de ponerse en contacto ayer con la dirección del Uribe-Kosta para consultar si se habían adoptado otras medidas tiempo atrás , pues las fuentes consultadas trasladan que sí se había dado conocimiento a la Ertzaintza con anterioridad, pero se negaron a hacer declaraciones: «Cualquier cosa al Departamento de Educación». Después de que el caso saltase a la prensa este lunes, la consejería que dirige Begoña Pedrosa, quien no ha comparecido desde entonces, trasladó que sólo tenía conocimiento de los hechos desde este curso, por lo que podría parecer que el propio centro no había dado traslado a los responsables del Gobierno vasco. La viceconsejera de Educación, Lucía Torrealday, dio el lunes una rueda de prensa de urgencia, en la que condenó los hechos y afirmó que Educación había abierto una investigación ante este «ritual», nombrando un instructor para que recopile información «de cara a la toma de decisiones» en un futuro. Las medidas, más allá de las posibles responsabilidades penales de los mayores de 14 años, serían de tipo «educativo», sin confirmar si van a producirse expulsiones. Ayer, en la rueda de prensa semanal del Gobierno vasco, fue el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien tuvo que responder a preguntas de la prensa sobre el caso. «Tengo una opinión muy negativa , pero es que no se puede tener otra. Qué vamos a decir. La cuestión es cómo se pueden atajar estos comportamientos. No tengo una solución. [...] No es mi negociado », dijo dejando el problema en el tejado de Begoña Pedrosa. Según ha podido saber ABC, la familia habría descartado la idea de poner cámaras en su casa , dado que estas no pueden apuntar hacia la calle, que es de donde vienen los ataques: «Si llamas a la Policía, se han ido y no hay ninguna prueba». Tampoco confían en exceso en las medidas adoptadas por Educación, que llegan tarde una vez «ya ha salido el problema por todas partes» y después de haber acudido, por ejemplo en 2021, a las Fuerzas de Seguridad. Estas, tanto les han remitido al Ayuntamiento (gobernado por la plataforma independiente Gorliz Bizirik, que le arrebató la alcaldía al PNV en 2023 ), como han dispuesto algún operativo que sí paró por momentos los actos vandálicos: «Luego volvieron con mucha fuerza».
