Francisco Sagasti: Procuraduría busca que pague S/400 mil por presuntos retiros irregulares de generales de la PNP
La Procuraduría General del Estado pidió al Poder Judicial que Francisco Sagasti pague S/400.000 por el supuesto perjuicio causado al Estado tras los retiros considerados irregulares de generales y tenientes generales de la PNP durante su mandato de transición. La solicitud forma parte del proceso penal por presunto abuso de autoridad que actualmente afronta el exjefe de Estado.
El pedido se sustenta en la investigación formalizada por la Fiscalía de la Nación, que atribuye a Sagasti y a dos exministros del Interior la emisión de resoluciones supremas que habrían vulnerado la Ley de la PNP. Según el Ministerio Público, esos actos provocaron el retiro inmediato de 19 altos oficiales sin motivación válida ni respeto al orden de antigüedad.
La Procuraduría sostiene que dichas decisiones generaron un daño extrapatrimonial a la institucionalidad policial y, por extensión, a la imagen del Estado peruano. Afirma que el abrupto cambio en la cúpula policial durante un periodo de crisis debilitó la confianza pública y transgredió principios básicos de legalidad y debido proceso.
El Estado, representado por la Procuradora General, María Aurora Caruajulca, considera que los hechos imputados justifican una reparación civil solidaria contra Francisco Sagasti y los exministros Rubén Vargas y José Elice. La entidad pidió que el monto provisional sea admitido mientras avanza la etapa preparatoria de la causa.
¿Por qué el Estado reclama S/400 mil a Francisco Sagasti?
La Procuraduría argumenta que los retiros de generales de la PNP realizados durante la transición de 2020 se produjeron sin una motivación legal válida y en contra del marco normativo que regula la designación del comandante general. Para la entidad, este accionar habría quebrado la estructura interna de la Policía Nacional en un momento crítico.
Según el documento presentado ante el Juzgado Supremo, la remoción simultánea de 19 altos mandos generó un “daño extrapatrimonial” al Estado. No se trata de una pérdida económica directa, sino de un impacto institucional que, afirma, afectó la estabilidad, imagen y continuidad operativa de la PNP. Este tipo de perjuicio puede ser reclamado en un proceso penal.
La Procuraduría también advierte que los hechos atribuidos a Francisco Sagasti y sus entonces ministros contravinieron principios constitucionales y éticos. Entre ellos, el deber del presidente de cumplir la ley y la obligación de todo funcionario de motivar sus decisiones. Para la entidad, esta conducta justifica la reparación solicitada mientras continúa la investigación por abuso de autoridad.
¿Qué resoluciones cuestiona la Procuraduría en el caso PNP?
El pedido de la Procuraduría se basa en un conjunto de resoluciones supremas emitidas entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Estas disposiciones cesaron en forma inmediata al entonces comandante general Orlando Velasco y ascendieron a César Cervantes, decisión que, según la PGE, no respetó el orden de antigüedad exigido por ley.
Además, el Estado cuestiona las resoluciones que pasaron al retiro a tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional. Sostiene que dichas medidas no contaron con argumentos administrativos ni sustento normativo, lo que vulneraría el derecho a la debida motivación y los procedimientos establecidos para cambios en la alta oficialidad.
La entidad señala que incluso los recursos de reconsideración presentados por los oficiales afectados fueron declarados infundados sin una evaluación adecuada. Para la Procuraduría, este conjunto de actos configura una cadena de decisiones arbitrarias que deben ser reparadas y que explican por qué el caso ha escalado a una investigación penal y a un pedido de indemnización contra Francisco Sagasti.