La Inspección de Trabajo dará días extra para evaluar los riesgos de las empleadas del hogar tras el fallo de la web oficial por un ciberataque
Trabajo permitirá que las familias y pensionistas que no pudieron realizar esta semana la evaluación de riesgos a los que se exponen las empleadas del hogar contratadas en sus domicilios por las incendias sufridas en Prevencion10.es, la plataforma para efectuar este trámite, puedan hacerlo en los próximos días sin exponerse a sanciones pese a ser obligatorio desde este viernes.
"La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conocedora de esta última incidencia en el sistema y de las dificultades que ocasiona, la tendrá en cuenta cuando, en su caso, haya que proceder a sanciones", recoge el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en sus redes sociales. Es decir, si la evaluación se ha efectuado unos días más tarde de este 14 de noviembre no se impondrán sanciones. La Inspección no concreta los días exactos de margen que concederá, pero insiste en que se actuará con lógica.
La herramienta digital destinada a facilitar estas autoevaluaciones -puesta en marcha hace seis meses- ha sufrido fallos generalizados en los últimos días que aún continúan de forma puntual. Trabajo atribuyó estas interrupciones a un ataque malicioso de bots automatizados que saturó la plataforma mediante decenas de millones de solicitudes falsas. El bloqueo de más de 16.000 direcciones IP sospechosas, que mandaron casi 50 millones de intentos de acceso, no pudo evitar que miles de usuarios experimentaran dificultades prolongadas para acceder.
Ante la avalancha de familias que dejaron la gestión para última hora y la caída técnica de la web, Trabajo pide calma y asegura que la Inspección actuará sin afán sancionador. Fuentes de la Inspección consultadas por LA RAZÓN insisten en que este viernes "no es el último día para realizar este trámite", sino entra en vigor la obligatoriedad de haber evaluado los riesgos del domicilio porque se cumplen seis meses desde el lanzamiento de Prevencion10.es. el pasado 14 de mayo. "Las familias han tenido seis meses para hacer la evaluación voluntaria, pero ahora ya es una obligación", señalan fuentes de la Inspección de Trabajo.
Pese a esta postura de flexibilidad inicial, la normativa contempla sanciones para quienes no completen la autoevaluación ni informen a la empleada de las medidas preventivas adoptadas. La infracción podría ser catalogada como grave -y alcanzar multas de entre 2.452 euros y hasta 49.180 euros en los casos más graves-, aunque lo habitual sería un expediente leve con sanciones de entre 45 euros y 2.450 euros. La inspección en domicilios particulares está vetada constitucionalmente, pero el organismo sí puede requerir documentación o actuar ante denuncias.