Indecopi se presta a la censura conservadora radical
El colegio Franklin Delano Roosevelt, una institución educativa reconocida por su trayectoria, ha sido sancionado por el Indecopi con una multa de más de 141.000 soles (26,38 UIT). ¿La razón? Tener en su biblioteca 21 libros que la entidad consideró “inadecuados” para los estudiantes, por abordar temas de sexualidad. Entre esos títulos figura incluso una obra de Toni Morrison, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1993.
La denuncia que originó la investigación provino de un militante del partido Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli, quien prepara su candidatura presidencial. Una decisión que de modernidad, a partir de este hecho, carece totalmente.
El Indecopi, cuya función es proteger los derechos de los consumidores y garantizar la idoneidad de los servicios, ha cruzado una línea peligrosa. No le corresponde determinar qué contenidos son “ética” ni “moralmente” aceptables ni mucho menos actuar como un tribunal de supuestas “buenas costumbres”. Convertirse en una “policía de la ética” contradice el principio básico de neutralidad del Estado en una democracia.
Cabe preguntarse, además, quién defiende a las familias y estudiantes que no comparten esta visión restrictiva y que ven vulnerado su derecho a acceder a una educación plural y abierta al pensamiento crítico. ¿Acaso sus derechos como consumidores y ciudadanos valen menos que los de un denunciante con agenda política? La sanción impuesta al Roosevelt no protege a los alumnos; los infantiliza, los aleja de la diversidad de ideas y debilita su formación integral.
La libertad de expresión está protegida por el artículo 2 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información de cualquier índole. Al censurar libros, el Indecopi erosiona ese mandato constitucional y se aleja de su propósito original para prestarse a los intereses de una censura conservadora radical que amenaza con expandirse.
Corresponde ahora que la Sala Especializada en Protección al Consumidor, ante la apelación del centro educativo, actúe con sensatez y apego a la Constitución. Este caso no solo definirá el destino de una multa, sino el límite entre la protección al consumidor y la censura.