El mismo día en que el presidente del Gobierno proclamaba el fin del neoliberalismo, Telefónica -participada en un 10% por el Estado a través de la SEPI- anunciaba en la portada de Cinco Días un expediente de regulación de empleo que podría afectar a 6.000 trabajadores. Hay ironías que se escriben solas. Lo que el Gobierno vende como una política industrial estratégica ha terminado pareciéndose demasiado a un clásico ajuste de costes, con todos los ingredientes del manual que Sánchez decía haber superado. La entrada del Estado en Telefónica se justificó con la retórica de la soberanía tecnológica y la defensa de sectores estratégicos. Después, la SEPI y sus aliados, que no son pocos, impuso un relevo en la presidencia:...
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