Sutel prohíbe fusión de Liberty y Tigo en Costa Rica. Estas fueron las razones
La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) rechazó de forma definitiva la fusión de las empresas Liberty y Tigo en Costa Rica, al considerar que la operación representaba un riesgo significativo para la competencia y los consumidores del país.
El Consejo de la entidad adoptó la decisión mediante la resolución RCS-263-2025, emitida este 12 de noviembre, en la que se prohíbe la concentración económica entre LBT CT Communications S.A. (Liberty) y Millicom Spain S.L. (Tigo).
El fallo desestimó el recurso de reposición que ambas compañías habían presentado contra una resolución anterior, RCS-211-2025, del 10 de setiembre.
De acuerdo con Sutel, los análisis técnicos y jurídicos demostraron que la fusión aumentaría de forma considerable la concentración de mercado, creando una posición dominante en los servicios de telecomunicaciones fijas.
Esa situación podría traducirse en mayores precios, menor innovación, reducción de calidad y una ampliación de la brecha digital, afectando directamente los intereses de los usuarios.
“La actuación de SUTEL responde a un mandato legal de protección de la sana competencia en el mercado de las telecomunicaciones y del interés público. Autorizar la concentración podría generar daños irreversibles en la estructura del mercado”, afirmó Federico Chacón, presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia.
En agosto del 2024, Liberty Latin America (LLA) y Millicom habían anunciado un acuerdo para combinar sus operaciones en Costa Rica, con la meta de fortalecer la inversión en redes de fibra óptica y mejorar la experiencia del cliente. Según ese plan, Liberty tendría un 86% de participación en el nuevo operador y Millicom un 14%, con posibilidad de ajustes al cierre.
El operador combinado habría sumado más de 440.000 suscriptores de banda ancha y reportado una ganancia operativa antes de depreciaciones y amortizaciones (OIBDA) de $255 millones al cierre del 2023.
Sin embargo, la SUTEL concluyó que los compromisos propuestos por las empresas no mitigaban los efectos negativos que la concentración provocaría en la competencia ni en los consumidores. Con la resolución de este martes, el regulador pone fin al intento de fusión, que inicialmente estaba previsto cerrarse en la segunda mitad del 2025, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias.
La Superintendencia reafirmó su compromiso de proteger la competencia y los derechos de los usuarios, asegurando que cualquier operación de concentración futura deberá ajustarse a los principios establecidos por la normativa nacional.