Caso “Muñeca Bielorrusa”: Fiscal Wittwer pide prisión preventiva por sobornos de $70 millones que “afectan la confianza en la justicia”.
La Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, confirmó este viernes que el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para los tres detenidos en el marco de la investigación por una presunta red de sobornos, cohecho y lavado de activos. La petición se fundamentó en la gravedad de los delitos imputados y la alta pena que podrían enfrentar en una eventual condena.
En un punto de prensa tras la tercera jornada de la audiencia de formalización, la Fiscal Vidber enfatizó que esta es la única medida cautelar capaz de asegurar los fines del procedimiento, dado que la causa reviste la “máxima gravedad”.
Una red de sobornos y lavado de $70 millones
La Fiscalía expuso que los hechos imputados corresponden a delitos de cohecho y soborno que involucraron un circuito de $70 millones de pesos en efectivo. Este dinero ilícito fue posteriormente ingresado o intentado ingresar al mercado formal, constituyendo el delito de lavado de activos tipificado en la ley 19.133.
Wittwer explicó de manera concisa la acusación:
“Lo que se expuso en la audiencia de formalización… son delitos de cohecho, de soborno y que producto de el dinero que se entregó por este cohecho y por estos sobornos recibieron estas personas dinero los cuales ingresaron, trataron de ingresar al mercado formal y esto constituyen delitos que están tipificados como ocultamiento, como fraccionamiento en la ley 19.133.”
Máxima gravedad: La probidad pública en juego
Consultada sobre la gravedad del caso, que implica la participación de una exministra de la Corte Suprema en fallos que se revirtieron a favor de imputados, la fiscal señaló que se trata de una causa de alta connotación social.
“Yo sostuve en estrados al momento de solicitar la prisión preventiva que este es un caso de la máxima gravedad atendida a las personas que están siendo imputadas, pero principalmente porque hay muchos bienes jurídicos en cuestión y que se ven afectados y uno de ellos es, por cierto, la probidad pública y la confianza de las personas en la justicia.”
La investigación, que lleva recién un año, está lejos de terminar. Wittwer confirmó que se realizarán más diligencias para recabar múltiples testimonios, especialmente ante el reporte de que algunos funcionarios y testigos temen represalias.