Javier Couso y acusaciones constitucionales: “Estamos pasando a una suerte de censura parlamentaria”

Las acusaciones constitucionales están en el centro del debate público y político. En pocos días, la Cámara de Diputadas y Diputados revisa el libelo presentado contra el exministro de Energía, Diego Pardow, mientras el Senado se prepara para votar el próximo lunes la acusación contra el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa.

Ambos casos reabrieron la discusión sobre el alcance y los límites de este mecanismo de control político. En ese contexto, el abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, analizó en la primera edición de Radioanálisis los posibles efectos de estos procesos, advirtiendo sobre el riesgo de que se desnaturalice una herramienta concebida para sancionar violaciones graves a la Constitución.

“Estamos pasando de un sistema en que la acusación constitucional contra ministros es por graves violaciones a la Constitución o a las leyes, a una suerte de censura parlamentaria por una actuación considerada ineficiente”, explicó.

El académico explicó que esta tendencia podría alterar el equilibrio del régimen presidencial, transformando una herramienta jurídica en un instrumento político. “Si se instala este precedente, cualquier gobierno podría quedar expuesto a la destitución de sus ministros por razones de desempeño, lo que de facto implicaría un cambio de régimen político”, advirtió.

En esa línea, se refirió a la situación del exministro de Energía, Diego Pardow, posterior a su renuncia. Couso señaló que la acusación y la revisión de la Contraloría sobre el uso de recursos públicos para su defensa plantean un problema de fondo.

“La posibilidad de que quede indefenso alguien por haber asumido su responsabilidad política puede sentar incentivos para que en el futuro nadie asuma responsabilidades políticas”, aseguró.

En cuanto al caso del juez Antonio Ulloa, cuya acusación será votada en el Senado el próximo lunes, el jurista subrayó que se trata de una situación “enteramente distinta”, marcada por antecedentes de probidad.

“No se le acusa de ser un mal juez o ineficiente, sino de actos de corrupción, como no inhabilitarse en causas de personas cercanas y realizar gestiones de lobby”, afirmó.

En ese sentido, el académico relevó la importancia del rol del Senado en esta etapa: “El Congreso debe escuchar los descargos, pero es difícil sostener que el juez actuó de manera proba. Su permanencia en el cargo afectaría aún más la credibilidad del Poder Judicial”.