En una década marcada por la inflación, resulta injustificable que los mínimos personales y familiares del IRPF permanezcan anclados en 2015. La falta de actualización, según el Registro de Asesores Fiscales, obliga a las familias a pagar unos 540 euros más al año de lo que deberían si esas cuantías se hubieran ajustado conforme al IPC. Esta inercia no solo erosiona el poder adquisitivo de los contribuyentes más vulnerables, sino que subvierte el principio de justicia tributaria. La paradoja es flagrante: lo que debía proteger a las familias frente al fisco se ha convertido en un mecanismo invisible de recaudación encubierta. No se trata de un olvido técnico, sino de una elección política que permite al Estado ingresar 1.800 millones extra a costa de los hogares. Corregir este desfase es urgente y necesario. Una reforma fiscal justa no empieza subiendo impuestos, sino reparando primero las grietas que castigan sin ruido a millones de ciudadanos. No actualizar los mínimos equivale a subir impuestos por la puerta de atrás.
