El Supremo rebaja la condena al 'pequeño Nicolás' por fingir ser agente del CNI y del Gobierno

El Tribunal Supremo rebaja la condena a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el 'Pequeño Nicolás', por fingir ser agente del CNI y del Gobierno. La Sala Penal confirma dos años de prisión por delito continuado de falsedad documental, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado. Pero le absuelve de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado a otros 17 meses de prisión por la Audiencia de Madrid. 

La sentencia considera probado que el 'Pequeño Nicolás' llegó a acudir al despacho del director de una sucursal del Banco Santander para intentar, sin éxito, que un empresario pudiera sacar todo su dinero en efectivo. Durante esa reunión, el 'Pequeño Nicolás' colocó intencionadamente un documento escrito en el que aparecía la bandera de España y un membrete de altas instituciones del Estado. 

Fue detenido cuando la Policía sospechó que podía estar intentando estafar a este empresario, que en origen había acudido a él por problemas en la venta de una finca. Los agentes encontraron en su domicilio documentos que confeccionó usando sellos, banderas, dibujos oficiales y membretes que él mismo estampaba digitalmente. Eso les conferían una apariencia de autenticidad, al tiempo que atribuían su origen a altos organismos del Estado como la Casa Real, el Gobierno de España, el Ministerio de la Presidencia, la UDEF de la Policía o el CNI, en ocasiones con la firma simulada del presidente del Gobierno o el director del CNI. 

Los jueces del alto tribunal le condenan por falsificar la documentación del CNI o del Gobierno que utilizaba para presentarse, pero le absuelven del delito de usurpación de funciones. El Supremo indica que, en los hechos probados, aparece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia ante el director del banco, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal.