Las denuncias de posible violencia sexual en los campamentos de Euskal Udalekuak se remontan a 2013, según la Ertzaintza

El Gobierno de Imanol Pradales ha enviado al Parlamento Vasco la información que obra en su poder sobre el caso de los campamentos de la localidad alavesa de Bernedo, organizados por la entidad Euskal Udalekuak, a raíz de una petición realizada por el PP. En las respuestas facilitadas por cuatro consejeros se confirma que son 21 las denuncias registradas y que esas colonias no han contado con financiación pública, aunque se aporta el dato de que las primeras sospechas de presunta violencia sexual se remontan a 2013. Un juez de Vitoria, Álvaro Silván, tiene abierta una investigación por si pudiesen haberse producido allí delitos contra la libertad sexual de menores que, al menos en un caso, podrían llegar a ser considerados como agresión.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, indica que las denuncias se refieren “hechos ocurridos en los campamentos de Euskal Udalekuak desde el año 2013”. Este dato no se había aportado. La entidad también gestiona otras dos actividades similares en Navarra. Zupiria defiende que “desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos” la Policía inició “diligencias de investigación” y señala que “actualmente” están en manos de la Justicia. La Fiscalía, sin embargo, denunció que el caso llegó en primavera al magistrado de Vitoria y que el expediente se mantuvo meses en el “limbo”, impidiendo adoptar medidas cautelares en este verano, cuando se han celebrado nuevamente los campamentos y de nuevo han llegado denuncias de violencia sexual.

Zupiria insiste en el “interés superior de los menores” y apela al “deber de sigilo” para no dar datos del caso. Los organizadores, de su lado, han explicado que las duchas mixtas y otras actividades formaban parte de un modelo para “desexualizar” los cuerpos desde una perspectiva feminista y transinclusiva. Un grupo numeroso de familias suscribió también un comunicado de apoyo a este modelo.

La titular de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, de cuya cartera depende la normativa de 2022 que obligaba a comunicar este tipo de actividades, se limita a recalcar que “no tiene consignado prespuesto alguno” para las colonias de Bernedo. En su caso, se ha creado una mesa interinstitucional con las diputaciones, competentes de estas actividades en sus territorios, para mejorar los protocolos de control. Melgosa ya dijo que eran “clandestinas” dado que nunca atendieron la obligación legal de notificar a la Administración la actividad.

Es la misma postura que mantiene la Diputación alavesa. La responsable de Cultura y Deporte, Ana del Val, informó en las Juntas Generales, igualmente a instancias del PP, que la entidad promotora del campamento “no ha presentado ninguna comunicación de actividad en 2025 ni en años anteriores”. Sin embargo, otras empresas privadas que hacen actividades estivales tampoco las notifican. En las últimas semanas se han citado los casos de los clubes deportivos de elite Athletic Club o Saski Baskonia, por ejemplo.

Se da la circunstancia de que otro consejero, Javier Hurtado, responsable de Turismo, Comercio y Consumo, ha informado al Parlamento de que sí tiene constancia de otra denuncia por los mismos hechos. Se trata de una “reclamación del importe pagado a la colonia” presentada en la oficina de Consumo de Eibar. El asunto se trasladó a Kontsumobide, el organismo competente para este tipo de materias, pero al ver que se apuntaba a la “posible existencia de acto constitutivo de delito” el “expediente íntegro” terminó en la Ertzaintza. Otra ventanilla de la Administración, el Instituto de la Mujer (Emakunde), recibió otras tres quejas por estas colonias.