El Gobierno sigue sacando pecho por la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), por su contribución a la reducción de la pobreza en España, y sin realizar la más mínima autocrítica por su funcionamiento. Pero cuando hablan los expertos, la situación es bien distinta. Cinco años después de que esta prestación se pusiera en marcha, no ha logrado sus objetivos que se plantearon en plena emergencia sanitaria: presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia, ya que llega a menos de la mitad de las personas potencialmente beneficiarias debido a barreras de acceso y a una gestión compleja, marcada por la rigidez administrativa, la lentitud en la tramitación y la escasa coordinación entre la Seguridad Social y los servicios sociales autonómicos....
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