Sanciones, sumarios y cuestionamientos políticos: las consecuencias de las fallas en la aplicación del Simce

Una jornada marcada por la controversia se vivió este miércoles en distintos colegios de la capital, luego de que la falta de examinadores impidiera aplicar la prueba Simce de Matemáticas de 8° básico en varios establecimientos de la Región Metropolitana. La Agencia de Calidad de la Educación responsabilizó al proveedor externo INFER y anunció sanciones, mientras el Ministerio de Educación instruyó una investigación sumaria y desde el Congreso surgieron duras críticas al Gobierno.

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, reconoció el incumplimiento por parte de la empresa encargada del proceso y aseguró que se aplicarán las sanciones más severas contempladas en las bases de licitación. “En las bases de licitación se contemplan una serie de consecuencias y sanciones que vamos a implementar como institución, y que son las más severas en este caso, lo que nos va a permitir también asegurar una correcta implementación del proceso”, señaló Cortez.

Pese a los inconvenientes, la autoridad precisó que más del 97% de los establecimientos educacionales del país logró rendir la prueba con normalidad, lo que corresponde a más de 272 mil estudiantes. Para los colegios afectados, anunció sesiones complementarias dentro de las próximas dos semanas.

Asimismo, explicó que las cifras de este miércoles no distan de otras rendiciones: “Durante los años anteriores, en el primer día de evaluación, los porcentajes de establecimientos educacionales que están aplicando las evaluaciones van del orden del 97, 98, 96%. De modo que la cantidad de establecimientos que hoy día está aplicando está dentro de un rango de normalidad”.

Por su parte, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, calificó la situación como “inaceptable” y ordenó un sumario administrativo para determinar responsabilidades. “Cuando una empresa que tenía que llegar con los materiales tuvo fallas técnicas, es inaceptable. Empatizamos con las familias, con los niños y niñas. El Simce es un proceso muy importante que entrega evidencia para la formulación de políticas públicas”, afirmó la autoridad.

Arratia subrayó que el sistema cuenta con mecanismos de recalendarización, pero insistió en que la falla de un proveedor no puede afectar el derecho a la evaluación.

Una vulneración directa  al derecho a la educación 

Desde la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille catalogó la situación como “gravísima” y advirtió que lo ocurrido constituye “una vulneración directa al derecho a la educación”.

“La reprogramación anunciada no asegura igualdad de condiciones y la improvisación en un proceso de esta magnitud genera frustración e incertidumbre en las comunidades escolares”, sostuvo Quesille.

“En casos como el de los liceos de la comuna de Santiago, que serán traspasados al SLEP en enero del año 2026, la interrupción de la prueba impedirá contar con una medición estandarizada y objetiva, afectando la capacidad de evaluar y mejorar el sistema educativo”, apuntó.

Así, el defensor de la Niñez enfatizó que: “No es admisible que el cumplimiento de este deber se reduzca a medidas económicas sin medidas efectivas para salvaguardar el derecho vulnerado. Denegar toda la responsabilidad del Estado a una empresa no exime al Estado de su deber, porque la responsabilidad última recae en el Estado, quien debe garantizar procesos educativos seguros, dignos y libres de vulneraciones”.

El oficio de RN al ministro Cataldo

Los diputados de Renovación Nacional que integran la Comisión de Educación, Marcia Raphael y Hugo Rey; además de Frank Sauerbaum y Carla Morales, jefe y subjefa de la bancada, respectivamente, oficiaron al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para demandar “antecedentes y medidas disciplinarias con ocasión del fracaso parcial del proceso de aplicación del Sistema de Medición de la Calidad de Educación”.

Los parlamentarios, además, pidieron la remoción del Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez Bolados, “por su responsabilidad en los hechos“.

La ausencia de los examinadores en comunas como Santiago, Providencia, Lo Barnechea, Puente Alto, San Bernardo, Paine y Pedro Aguirre Cerda, entre otras, fue considerada por Marcia Raphael (RN) como “una tremenda falta de respeto”. Añadió que genera preocupación en las comunidades educativas porque “hay una carga de estrés en los estudiantes previo a este tipo de pruebas, que con estas situaciones, por supuesto, le generan un daño anímico y psicológico importante, porque sabemos que se preparan durante meses para rendirla”.

De la misma manera, el diputado Hugo Rey (RN), apuntó a que “el Ministerio de Educación no puede seguir eludiendo su responsabilidad ni culpar a una empresa externa“. “Aquí hubo una falla estructural, una falta de control y de gestión que refleja el desorden que caracteriza a esta administración. El Simce mide la calidad de la educación, pero hoy lo que quedó en evidencia fue la mala calidad de la gestión del propio Gobierno”, subrayó.

“Si el Gobierno no es capaz de organizar una prueba nacional ¿cómo pretende mejorar la educación pública en Chile?”, cuestionó el parlamentario de oposición.

Los legisladores afirman en el documento que lo sucedido en la jornada de este miércoles refleja “una preocupante incapacidad del Ejecutivo para garantizar estándares mínimos de eficiencia y responsabilidad en la ejecución de políticas públicas fundamentales para el país”.

Así, pidieron al ministro Cataldo que se informe sobre el “número total de cursos y estudiantes afectados, por región, comuna y tipo de dependencia; copia del contrato entre la Agencia de la Calidad de la Educación y la empresa INFER, incluyendo bases de licitación, cláusulas y sanciones; fecha de reprogramación de la evaluación y si se ha instruido sumario administrativo o auditoría respecto de los sucedido”.