25 años del asesinato de un funcionario de prisiones cuyos autores fueron descubiertos por la Guardia Civil incautados en Francia
Se cumplen hoy 25 años del asesinato en Vitoria del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera, un crimen más de ETA si no fuera porque la Guardia Civil logró con los pasos de los años y tras examinar documentos que se incautaron a la banda terrorista en Francia, dar con los autores materiales, ya que sólo habían sido condenados los que prepararon la información para el atentado.
La víctima salió aquel día de su domicilio para dirigirse a su puesto de trabajo en la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, en la que hacía el turno de mañana. Para ello, fue al aparcamiento donde tenía estacionado el vehículo. Nada más poner en marcha el coche hizo explosión una bomba colocada bajo el coche junto a la rueda delantera izquierda, que le causó la muerte en el acto.
La víctima ya había sido amenazada por ETA a través de cartas durante el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara. También aparecieron algunas pintadas amenazantes contra su persona en el barrio donde residía y su buzón fue quemado una vez. Estaba afiliado a Comisiones Obreras y había llegado a ser el delegado de ese sindicato en Nanclares de Oca. Era un hombre muy integrado en Vitoria y estudiaba quinto curso de euskera.
Uno de los cientos de documentos remitidos por Francia que se incautaron en operaciones contra ETA permitió, por primera vez, esclarecer un asesinato: el de Máximo. En concreto, se trataba de la «kantada» del «comando Ttotto», que fue encontrada en poder de una de las responsables del «aparato militar», Ainoa García Montero, «Laia», detenida el 10 de mayo de 2003 en Saintes, localidad próxima a La Rochelle.
La «kantada» es un papel que todos los etarras detenidos debían remitir a la «dirección» de la banda, en el que contaban los detalles del arresto, lo que habían contado a las Fuerzas de Seguridad, descripción de los agentes que les habían tomado declaración, atentados cometidos, etcétera.
Hasta entonces se sabía quiénes habían hecho la información sobre la víctima, sus costumbres, dónde aparcaba el coche, en el que los pistoleros colocaron una bomba-lapa, etcétera. Sin embargo, se desconocía quienes habían sido los autores materiales.
Entre los objetos remitidos por las autoridades galas figuraba, además de cientos de armas, la citada «kantada» del «comando Ttotto», en el que estaban integrados los supuestos asesinos: Íñigo Guridi Lasa; Asier Arzalluz; y Aitor Aguirrebarrena. Este grupo criminal etarra fue responsable también del asesinato del columnista de «El Mundo» José Luis López de Lacalle y del atentado que costó la vida a dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca), Irene Fernández y José Ángel de Jesús Encinas, al explotar un artefacto que los terroristas habían colocado en el coche oficial.
La Audiencia Nacional condenó en su día a Zigor Bravo Sáez de Urabain y a Juan Carlos Subijana por haber facilitado la información que permitió la realización del atentado. El primero de ellos era vecino del funcionario por lo que no tuvo dificultades para obtener datos sobre su dirección, vehículo y su plaza de garaje.