La organización que dirige Antonio Garamendi no negociará con el Gobierno el encarecimiento del despido improcedente que proyecta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque entiende que se vulneraría la reforma laboral y porque considera que sería ir en contra del pronunciamiento del Tribunal Supremo del 16 de julio de 2024, que cerró la puerta a que los jueces fijen indemnizaciones por despido superiores a 33 días al considerar que la cuantía es compatible con la norma internacional y que, por tanto, no es necesario adaptar la legislación. Pese a este pronunciamiento, el Ministerio de Trabajo quiere llevar adelante su proyecto de extinción «a la carta» para dar cumplimiento así a la Carta Social Europea. Es un viejo plan de Díaz que no pudo abordar en la reforma laboral que pactó con los agentes sociales por el fuerte rechazo a este encarecimiento, no sólo de los empresarios, también del ala socialista del Gobierno. El pasado lunes encargó a los sindicatos que preparen en un plazo de tres semanas una propuesta conjunta para emprender esta reforma. La ministra se agarra a pronunciamientos del Consejo de Europa para abordar los cambios. La sentencia del Supremo de 2024 se produjo tras el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales , dependiente del Consejo de Europa, resolvía una reclamación de UGT contra España en la que dio la razón al sindicato y apuntó que la regulación de las indemnizaciones por despido improcedente en nuestro país no cumplen con la Carta Social Europea. Meses después del fallo del Comité, el Consejo de Europa emitió una recomendación a España para revisar la legislación laboral y elevar, en la práctica, estas indemnizaciones en casos de despidos improcedentes tras asegurar que son demasiado bajas y ni reparan el daño sufrido a los trabajadores despedidos ni son disuasorias para las empresas por su baja cuantía. Ninguno de los pronunciamientos de Europa es vinculante , pero dieron alas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para emprender una reforma legal que suprima el tope de 24 mensualidades en las extinciones con 33 días y fije una indemnización mínima de seis meses, tal y como reclama UGT, al que dio la razón el Comité, y para el que las empresas no deben conocer de antemano el coste del despido. El sindicato reclama también recuperar los salarios de tramitación y agilizar los procesos judiciales para los despidos.
