Despiden a un trabajador por denunciar un posible robo en su fábrica y gana el juicio: recibirá más de 20.000 euros
La decisión emitida por un tribunal de apelaciones en Francia ha devuelto la tranquilidad a un trabajador que fue despedido de forma fulminante tras advertir un posible robo en su centro laboral. La sentencia obliga a la empresa a pagarle 25.500 euros como compensación por despido improcedente y por los costes judiciales del proceso.
El incidente ocurrió durante un turno nocturno en una fábrica del norte de Francia, donde el empleado, que llevaba en la empresa desde 2013, observó a un compañero transportando barras de metal sin autorización visible. Al considerar que se trataba de un acto ilícito, lo notificó de inmediato a su jefe de equipo. Sin embargo, el superior le aseguró que la retirada del material estaba autorizada y que debía destinarse a un contenedor, desestimando así la sospecha.
A pesar de haber seguido los procedimientos adecuados, el trabajador recibió días después una carta de despido por “comportamiento inapropiado”. La disputa legal se prolongó durante más de dos años. En primera instancia, el tribunal laboral dio la razón a la empresa y ordenó al empleado pagar 1.500 euros en concepto de indemnización. El trabajador, contrariado, insistió en que su única intención era proteger a la empresa, afirmando: “Simplemente estaba denunciando un hecho”.
La apelación cambió el rumbo del caso. Los magistrados revisaron las pruebas y el contexto, y concluyeron que el trabajador no tenía antecedentes disciplinarios y que su historial laboral era intachable. La corte consideró que su reacción fue proporcionada y razonable, y que la denuncia no estuvo motivada por animadversión ni mala fe.
En su fallo, el tribunal subrayó que castigar a un empleado por alertar sobre conductas potencialmente delictivas, siempre que se actúe con honestidad, contradice los principios de equidad y buena fe en el entorno laboral. “La denuncia de hechos potencialmente delictivos no puede ser motivo de sanción laboral, siempre que se actúe con honestidad y sin mala intención”, remarcó el tribunal.
El caso, seguido con atención por sindicatos y expertos en derecho laboral, ha puesto sobre la mesa la necesidad de proteger a los trabajadores que actúan con integridad y de establecer políticas claras frente a irregularidades internas. La sentencia marca un precedente importante en la defensa de la ética profesional.