Militares denuncian tener que orinar bajo vigilancia en las pruebas analíticas
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha emprendido acciones legales contra la Instrucción Técnica 01/2025, dictada por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, que obliga al personal militar a realizar las pruebas de orina bajo observación visual directa de un testigo.
Dicho procedimiento exige que el testigo "deberá estar presente durante la emisión de la orina, asegurándose la vista de la salida de la muestra del cuerpo, sin ninguna obstrucción", lo que quiere decir que el personal militar tiene la obligación de orinar "bajo observación directa de sus genitales".
La medida, publicada el pasado 29 de julio, busca garantizar la autenticidad de las muestras en las analíticas, pero ATME sostiene que constituye una práctica "humillante, discriminatoria y contraria a los derechos constitucionales" de los militares. Por ello, la asociación ha iniciado un procedimiento administrativo y ha registrado, además, una queja formal ante el Defensor del Pueblo.
Desde la organización recuerdan que ya habían presentado tiempo atrás alegaciones al borrador de la norma a través del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, sin que estas fueran respondidas ni tenidas en cuenta.
Por este motivo, ATME argumenta que la imposición de este método vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, así como la dignidad de la persona y la prohibición de tratos degradantes.
Además, la asociación subraya que este nivel de control no tiene precedentes en otros colectivos de alta responsabilidad, tales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal penitenciacio o judicial, pues no deben someterse a este tipo de prácticas. Por ello, ATME defiende que el trato diferenciado hacia los militares constituye un acto de discriminación que "menoscaba su dignidad profesional y personal" y transmite la idea de una presunta deslealtad hacia la institución.
En este sentido, ATME insiste en que ser militar "no debe implicar la renuncia a los derechos fundamentales" y garantiza que continuará defendiendo estas garantías en todos los ámbitos posibles.