En la playa de Storsanden, en el norte de Finlandia, apenas se pone el sol a mitad de julio. Es fácil cruzar el fiordo, aprovechando la luz nocturna desde la vecina Rusia. Esta zona registra un constante goteo de entradas ilegales: desde desertores del Ejército ruso, sospechosos todos ellos de trabajar para la Inteligencia del Kremlin, hasta solicitantes de asilo sobre los que pesa la misma sospecha, pasando por ciudadanos rusos con recursos que buscan establecerse en Finlandia y compran casas a tocateja. Con el objetivo de interrumpir ese flujo, esta semana entra en vigor en el país una ley que prohíbe a ciudadanos rusos y bielorrusos comprar bienes inmuebles. El Gobierno la justifica con la necesidad de «fortalecer la...
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