Un juzgado de instrucción madrileño ha desestimado la reapertura de la instrucción solicitada por la Fiscalía Provincial de Madrid y por la representación procesal por el nuevo supuesto de «delito de odio». Esta es la sentencia número 64 que apoya las tesis de la Comunidad de Madrid en este polémico asunto. En este caso, ha sido el juzgado número 10 de instrucción de Madrid el que ha desestimado la reapertura de la instrucción que había solicitado la Fiscalía Provincial de Madrid. El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló el pasado febrero que la Fiscalía Provincial de Madrid y las tres Fiscalías Áreas estaban revisando uno a uno los más de 100 casos recogidos en la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas y familiares de fallecidos en residencias durante el Covid, sólo en la Comunidad de Madrid. En el auto se recoge que el Ministerio Fiscal nunca puso de manifiesto previamente este tipo de delito, solicitando hasta en 4 ocasiones el sobreseimiento de la mencionada causa, y entiende que «los hechos no eran constitutivos de un delito», pues «el tratamiento médico aplicado era correcto y según la literatura medica conforme a su patología». A esto se añade, indica el auto, que «difícilmente puede hablarse de un delito de odio del artículo 511 del Código Pernal. No consta ningún indicio mínimo que así lo justifique». En la sentencia se señala que «no es necesaria la práctica de las diligencias interesadas, pues las presentes diligencias previas no pueden se una plataforma para una instrucción genérica sin un destino concreto». Y además, concluye, «las diligencias que se interesan ya fueron desestimadas por innecesarias a la vista de los hechos imputados, tesis compartida por el Ministerio Fiscal». En esta ocasión «tampoco aportan nada para justificar la reapertura de las presentes actuaciones, por el nuevo tipo penal imputado, delito de odio…».
