No es buen síntoma que un presidente como Pedro Sánchez, asediado por casos de corrupción y cuestionado por las interpretaciones que hizo de la Constitución para sacar adelante la Ley de Amnistía, se proponga reformar el poder judicial. Menos después de que se hicieran públicas las maniobras sucias de una militante del PSOE para deslegitimar las investigaciones de la UCO que derivaron en la prisión de Santos Cerdán, y menos aún después de que el mismo Sánchez se hubiera declarado víctima de 'lawfare' y hablara de una supuesta guerra judicial en su contra. Esa ha sido la estrategia de Sánchez para escamotear responsabilidades y negarse a rendir cuentas, chocar con los jueces, dar a entender que la Justicia ha sido...
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