Al cierre de 2024 Hacienda contaba con un total de 5.997 deudores de más de 600.000 euros. Este viernes la Agencia Tributaria ha publicado el listado de morosos en el que se incluyen tanto personas físicas como jurídicas y otras entidades, los puedes consultar en el siguiente buscador. El importe global de la deuda alcanzó los 16.138 millones de euros , lo que supone un 5,9% más que en el ejercicio anterior , pese a haber reducido el número de morosos en un 1,4%. No obstante, si se restan las duplicidades, el importe sería de 13.697 millones , un 8,5% más que los 12.620 millones de hace un año. De los nombres incluidos en la nueva lista, 1.077 corresponden a personas físicas , un 2,37% más respecto a la lista anterior, que acumulan una deuda de 1.579 millones de euros , un 5,26% más que el importe publicado en junio del año pasado. Entre los rostros conocidos se encuentran Bertín Osborne con una deuda de 665.601 euros o Isabel Pantoja con más de un millón a deber. Los 4.920 nombres restantes corresponden a personas jurídicas , un 2,2% menos que el año anterior, que deben a la Hacienda pública un total de 14.558 millones de euros, con un aumento del 5,9%. Entre ellos destaca Reyal Urbis S.A. con una deuda de casi 278 millones de euros o Marillion SLU con más de 156. Cabe recordar que todas las deudas que figuran en el listado superan los 600.000 euros , no han sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, y están pendientes de pago a 31 de diciembre de 2024 –sin haber solicitado un aplazamiento o suspensión por cualquier motivo legalmente previsto–. Hasta 805 deudores han logrado salir de esta lista , en la que aparecían con un importe que se elevaba hasta los 1.361 millones de euros, mientras que 718 deudores han entrado con una deuda que suma 2.272 millones de euros. Las salidas se deben en su mayoría a la cancelación total o parcial de las deudas, así como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos. El objetivo de la publicación es la reducción del fraude fiscal y el fomento de la buenas prácticas tributarias.
