Han pasado ya dos años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Prometida como un cambio estructural en el acceso, regulación y garantía del derecho a una vivienda digna, la norma fue celebrada y criticada con igual fervor. Hoy, lejos del ruido político, toca analizar con frialdad jurídica y con mirada crítica qué ha supuesto en la realidad social y económica del país. Cabe recordar que la ley fue aprobada apenas cuatro días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. No puede ignorarse su condición de herramienta electoral: no sabemos si actuó como elemento polarizador o como anestésico coyuntural. Pero, a toro...
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