Frente a la "libertad" de trabajar, las "ideas"

Recientemente, la diputada oficialista Marcela Pagano presentó dos proyectos de ley. Uno crea una matrícula profesional nacional unificada y una comisión Nacional Ético-Disciplinaria y otro elimina todas las tasas obligatorias que recaudan todos los Colegios, Consejos o Asociaciones de Profesionales o Técnicos.

En su lugar de matricularse, quienes tengan un título de validez nacional, deberán registrarse ante el Ministerio de Justicia o Capital Humano para poder ejercer (según el proyecto) como condición suficiente para ejercer su profesión.

Los proyectos no abundan en fundamentos, pero se vinculan con la necesidad de eliminar trabas burocráticas y barreras económicas. Suponemos que antes de proponer tamaña modificación, la diputada analizó el impacto de eliminar a todos los colegios de médicos, escribanos, bioquímicos, ingenieros, contadores, arquitectos, abogados, técnicos de la salud, educación, etc. que existen en cada una de las provincias argentinas.

Suponemos también que analizó todas las prestaciones que estos otorgan y, si corresponde que algún otro organismo reemplace sus funciones. No vaya a ser cosa que los colegios de ciencias económicas propongan a los síndicos en los procesos concursales, los colegios de bioquímicos establezcan los estándares para la habilitación de productos y los colegios de ingenieros designen el valor de la construcción que usan los municipios para cobrar derechos de construcción.

El proyecto, además, reconoce que puede que no sea tan sencillo administrar la gestión de miles de profesionales de distintas actividades y provincias, por lo que abre la puerta a la generación de convenios con los actuales registros. Suponemos que dichos convenios van a ser pagos, por lo que se da la paradoja de que lo que antes pagaban los profesionales y técnicos, ahora lo deberían pagar todos los argentinos.

Suponemos, en el fondo de la cuestión, que la diputada considera que "la libertad" - de trabajar en este caso - consiste en no tener que pagar ninguna matrícula, tasa o contribución. Alcanzaría con que una institución educativa valide al médico a operar un corazón, al ingeniero a construir un puente, al arquitecto a levantar un edificio, al técnico a operar un tomógrafo, etc.

Frente a estos supuestos no caben respuestas dogmáticas: en Uruguay o en algunos países nórdicos, la colegiación no es obligatoria (y, sin embargo, la mayoría de los profesionales se afilian). No es, sin embargo, la tradición de nuestro país, de la región o de la mayoría de los países del mundo.

Ignoremos que ya existe un "registro de graduados" dependiente de la Secretaría de Educación. Ignoremos, también, que el proyecto es un atentado contra el Federalismo, ya que la regulación de las profesiones no fue delegada a la Nación.

En lo importante, aunque el proyecto tiene inconvenientes, sacudió el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Me interesa entonces, avivar este debate porque hay muchísimo que mejorar, aunque sea, en casa.

En mi opinión, el desafío no es "liberar" a los profesionales de la colegiatura obligatoria, sino hacer que los colegios realmente sirvan a los matriculados (y también a quienes los contratan). La libertad no consiste en trabajar sin ningún límite, sino hacerlo dentro de un marco de instituciones que permitan un ejercicio responsable, promoviendo buenas prácticas y poniendo límites a las malas.

En el caso del CPACF, antes que cerrarse, sería más conveniente debatir cómo puede bajarse el costo de la matrícula para evitar que sea una "barrera de entrada" (hoy la matrícula sale alrededor de 15.000 pesos por mes, o tres salidas en el año con Darín a comer empanadas).

Sacarle la matricula al CPACF no es sólo desfinanciarlo, sino apagar una voz que defiende los derechos de los abogados (si, los abogados también tenemos derechos). Sería renunciar a todo un camino recorrido, a las batallas dadas por muchos para la construcción de una institución que es bastante prestigiosa.

Antes de cerrarla creo que habría que dar el debate, evaluar los costos y beneficios, aportar los datos y las pruebas de si funciona o no. Dos conceptos clave para cerrar la nota (y abrir el debate?): si una institución pública no sirve a un bien común, debe cerrarse... pero hay que evaluar en profundidad y caso por caso. Y si una organización de menor jerarquía puede resolver un problema sin necesidad de intervención de instancias superiores, debe respetarse el principio de subsidiariedad. De esta manera llenamos el país de instituciones "libres".