La aprobación por unanimidad –sin fracturas ideológicas, todos a una– del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma del Ministerio Fiscal pone de manifiesto la alarma que provoca en el órgano de gobierno de los jueces un anteproyecto de ley que, según este dictamen, suspende en garantías de independencia, contrapesos internos y claridad normativa. El CGPJ rechaza la «autonomía funcional» de la Fiscalía que propone Bolaños y exige la independencia real de un Ministerio Público ahora sometido al escrutinio penal del Tribunal Supremo y cuyo fiscal general está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. No es precisamente este el mejor marco para reformar el estatuto de un organismo cuya independencia se llevó por delante el propio presidente del Gobierno, que ejerce como defensor de las causas que afectan al entorno familiar y político de Pedro Sánchez y que aparece como colaborador necesario de una presunta guerra política, librada desde La Moncloa.
