Querella contra Pumpido por no abstenerse en la deliberación de la Ley de Amnistía
Abogados Cristianos se ha querellado contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, por no abstenerse del debate sobre la Ley de Amnistía -que concluirá esta semana con el previsible aval de la corte de garantías a la norma- a pesar de que, según denuncian, incurre en una causa legal de abstención "obligatoria". Según pone de manifiesto en esa querella el colectivo letrado, la apariencia de imparcialidad de Conde-Pumpido está comprometida desde el momento de que su esposa, la magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, emitió un informe favorable a la Ley de Amnistía en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Según pone de relieve en la denuncia, ese informe "de carácter público" comprometió la apariencia de imparcialidad del presidente del TC, "dado el vínculo conyugal y la relevancia de la opinión expresada en un asunto de idéntica naturaleza al que debía resolver el Tribunal Constitucional".
Abogados Cristianos señala en su querella que la intervención de Conde-Pumpido en la deliberación sobre la ley "compromete la imparcialidad del Constitucional, causando un perjuicio irreparable a la confianza pública en la administración de justicia".
"Legimita las cesiones" al independentismo
Según Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, Conde-Pumpido -a quien atribuye la comisión de delitos de prevaricación judicial, o de forma subsidiaria de prevaricación administrativa, y de cohecho- "ha sido el brazo judicial" del Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de "legitimar todas aquellas cesiones que Sánchez ha ido concediendo a los secesionistas a cambio de su permanencia en la Moncloa y que eran totalmente ilegales".
La denuncia defiende que el presidente del TC está afectado por una causa de abstención obligatoria, conforme al artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por tener "tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".
El 21 de marzo del pasado año, recuerda, el Pleno del CGPJ aprobó su informe sobre la proposición de ley de amnistía con el respaldo de nueve de los 16 miembros del órgano de gobierno de los jueces. Martínez de Careaga fue una de los siete vocales que votaron en contra y respaldaron el voto particular de la vocal Mar Cabrejas.
"Las instituciones públicas, y más aquellas que ejercer una alta jurisdicción -asegura Abogados Cristianos- deben velar por la imagen pública que transmiten". Y en este caso, subraya, "tenemos la paradoja de que precisamente se está enjuiciando la falta de imparcialidad del Tribunal Constitucional, por lo que debe existir un requisito de imparcialidad reforzado por parte del Tribunal Supremo".
"La imagen pública de las instituciones y la opinión que los ciudadanos tienen de las mismas redunda en la fortaleza del Estado de Derecho", sostiene la asociación denunciante, para la que un magistrado "debe velar por no solo ser imparcial, sino parecerlo".