La estrategia de Pedro Sánchez de colocar en las candidaturas autonómicas del PSOE a sus ministros parece no dar sus frutos si nos atenemos al resultado de los últimos sondeos. Al menos es comprobable en Andalucía, donde las encuestas dan la espalda a la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y número uno sanchista en esa comunidad, María Jesús Montero. La encuesta de GAD3 para ABC –realizaba antes incluso de la eclosión del escándalo de Santos Cerdán que ha dejado noqueados a dirigentes y militantes– señala cómo la situación de los socialistas es aún peor que en las últimas elecciones andaluzas de 2022, en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta. Si se produjeran ahora mismo unos comicios, el PSOE perdería escaños. La operación Montero, consecuentemente, no ha dado resultados en cuanto a la valoración de los líderes, ya que la número dos del Gobierno y del partido a nivel nacional recibe un 3,2 de nota frente al 5,7 del presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, que ve cómo se consolida su proyecto para Andalucía. Si el análisis de Pedro Sánchez fue que necesitaban reforzar los liderazgos regionales tras la catástrofe de 2023, parece que se equivocó de lleno y, si no erró, sí lo hizo al colocar a sus ministros en las distintas baronías territoriales del partido. El 37 por ciento de los ciudadanos estiman que la candidatura de María Jesús Montero es peor que la de su antecesor, Juan Espadas, que fue el gran sacrificado en el último congreso de los socialistas andaluces. Al margen de los nombres elegidos, sea uno u otro el candidato, el PSOE no consigue recuperar el erial de apoyos al que quedó reducido lo que en tiempos llegó a funcionar como un auténtico régimen de casi cuarenta años de gobierno ininterrumpido en la comunidad con más población. Quizá por ello, los andaluces terminaron tan escarmentados que ahora mismo no tienen ningún deseo de repetir la entrega de poder autonómico a un socialista. Desde hace una década hemos conocido –y seguimos conociendo– con profusión que la corrupción había acampado para quedarse en la Junta de Andalucía, donde la sucesión de escándalos durante los mandatos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron continuos. De los ERE (el mayor fraude en montante de dinero público esquilmado de la historia de la democracia en España) al latrocinio de la Faffe, con comportamientos especialmente vergonzosos, pues los fondos para los parados terminaban en prostíbulos o haciendo un monumento al enchufismo de esposas, maridos, hijos, cuñados y demás familiares o conmilitones del partido. En la falta de fuelle, casi asfixia, del PSOE en Andalucía interviene la memoria de aquella desastrosa gobernación en la Junta, de la que formó parte la propia Montero antes de que Sánchez la fichase para su primer gobierno en junio de 2018. Y también, por supuesto, su papel como puntal de un Ejecutivo central que los ciudadanos ven ya agotado, desfondado en las continuas dádivas a unos socios parlamentarios que, por otra parte, le han abandonado en las Cortes convirtiendo en una calvario cualquier votación en el Congreso. Un Gobierno sin Presupuestos, con nula capacidad de legislar y que ahora se ve sepultado por una corrupción a gran escala que se ha viralizado, desde el comienzo del sanchismo y desde Ferraz a distintos ministerios. Los andaluces tienen memoria y recuerdan que Montero fue consejera en los gobiernos de Chaves y Griñán (de los ERE a la Faffe) y que es la número dos de Sánchez en Ferraz y Moncloa, la misma que hace unos meses puso la «mano en el fuego» por Santos Cerdán. Con eso está casi todo dicho.
