La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), organismo que se encuadra en el seno del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se encarga de gestionar el régimen de incompatibilidades y los posibles conflictos de intereses que afecten a altos cargos del Estado , incluido cualquier asunto que tenga que ver tanto con el presidente del Gobierno como con los miembros del Consejo de Ministros y secretarios y subsecretarios de Estado. Este miércoles, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a este organismo a investigar el papel del presidente Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa. La OCI había archivado el asunto y el Partido Popular había recurrido a la Justicia esta decisión. Su labor viene regulada principalmente por dos leyes, la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. La primera estipula que a la OCI le corresponde «la instrucción de los correspondientes procedimientos» que pueden comportar sanciones, mientras que en la segunda norma concreta que la oficina es la competente para el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y que debe desarrollar sus funciones «con las máximas garantías de competencia, transparencia e independencia» . La norma que debe aplicar la oficina destaca, entre otras cuestiones, que el alto cargo debe observar el principio de objetividad, es decir, debe «adoptar sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que puedan estar en colisión con este principio». Según la ley, en los intereses personales se incluyen «los familiares, los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad». Y subraya que también son intereses personales aquellos que son de «personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares (...) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración». Así, la norma estipula que la OCI debe revisar los casos de altos cargos procedentes de la Administración Pública que quieren entrar en la actividad privada. Tras su cese, estos tienen que dirigirse a la oficina para que confirme la compatibilidad de su fichaje. Añade que los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. Esta normativa de incompatibilidades afecta, por ejemplo, a todos los cargos de entidades del sector público, a todos los miembros del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y a los miembros de organismos reguladores.
