Contraloría oficia a municipios para que informen descuentos a profesores que adhirieron a paro

El pasado viernes 6 de junio, la Contraloría General de la República (CGR) remitió un oficio a 232 municipalidades para que detallen los descuentos en las remuneraciones de los docentes que hayan participado en paralizaciones de los días 3 y 4 de junio. Una información que ya había sido solicitada a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Según consignó Emol, desde la CGR señalaron que “la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia”.

Por lo anterior, solicitaron a los municipios informar “acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, como asimismo, de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación”.

“Sin que obste a lo anterior, en caso de no haberse efectuado aún los pertinentes descuentos de remuneraciones de los funcionarios que se ausentaron de sus labores por participar en la aludida movilización, dichas entidades deberán, tan pronto estos se hagan efectivos, complementar la información, comunicando documentada y detalladamente los servidores que hayan sido sujeto de tales descuentos y los montos respectivos”, detalló la CGR.

De esta forma, el ente fiscalizador pidió remitir la información “dentro del plazo de 5 días hábiles”.

Colegio de Profesores acusa acción política

Recordemos que la Contraloría ya había enviado un oficio a los SLEP el jueves 5 de junio, en el que enfatizó que “las entidades que forman parte de la Administración del Estado se encuentran obligadas a cumplir los principios de continuidad del servicio público; de eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en forma regular y continua“.

Respecto al oficio que fue enviado en plena movilización docente, Aguilar criticó en esa oportunidad el dictamen de la contralora: “La misma que quitó la confianza legítima. Primero, acción antitrabajadores y trabajadoras. Después, señalando que toda movilización tiene que ser castigada, pidiendo a cada SLEP que informe cómo se va a castigar a los profesores y profesoras por estar aquí”.

Así, afirmó que las autoridades “lo que pretenden, lo que quieren, es que seamos sumisos, que seamos esclavos, que agachemos la cabeza (…) quieren un país de esclavos, y nosotros nunca más les vamos a dar el gusto, jamás nos vamos a rendir, jamás. Que cada vez que nos amenacen, sea más fuerte la convicción“.

A través de un comunicado público del directorio Regional Metropolitano del Colegio de Profesoras y Profesores emitido el 10 de junio, el Magisterio se refirió a los oficios de la Contraloría: “Reafirmamos que, conforme a dictámenes previos de la misma Contraloría (N° 28.043/2016, N° 22.047/2016 y N° 52.122/2009), cuando la autoridad  administrativa dispone la recuperación efectiva de las clases suspendidas, carece de fundamento ordenar descuentos de remuneraciones, ya que los y las profesionales de la educación estarían cumpliendo con su jornada laboral y funciones esenciales”.

Asimismo, desde el Magisterio consideraron “preocupante y cuestionable que un organismo autónomo como la Contraloría General de la República —bajo la actual gestión de la Contralora Dorothy Pérez— haya emitido estos oficios mientras se desarrollaba el Paro Nacional Docente. Esta coincidencia podría interpretarse como una acción de carácter político, orientada a desincentivar la legítima participación de los docentes en movilizaciones gremiales. Esta conducta contraviene el derecho a sindicación y no discriminación establecido en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado internacional vigente y ratificado desde el año 2000 por Chile”.

Finalmente, exigieron a la contralora Dorothy Pérez “la misma diligencia y celeridad mostrada en estos oficios, cuando se trate de fiscalizar y sancionar incumplimientos de los laborales de los docentes: pago oportuno de remuneraciones y cotizaciones previsionales, resguardo de su integridad física y psíquica, y condiciones adecuadas para el ejercicio de la labor docente”.