No hace falta que ningún delegado del Gobierno se ponga a contar con tacañería cuántos jueces y fiscales hicieron ayer el paro convocado para protestar por la reforma del acceso a sus respectivas carreras. La protesta de ambos cuerpos de funcionarios fue un éxito desde su convocatoria, porque toda protesta judicial lo es por principio. Tiene un mérito innegable aquel gobierno que saca a los jueces y fiscales de los silencios que mantienen entre sumarios y juicios. Son un blanco fácil, porque no replican con las mismas armas que sus agresores y no vierten las mismas falacias de las que son destinatarios todos los días. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha tensado tanto la cuerda de la paciencia, que, sin llegar a romperse, ha obligado a que las asociaciones de jueces y fiscales digan «basta». El detonante es la incorporación en masa de sustitutos que, sin desmerecer el trabajo que ocasionalmente desempeñan, no garantizan el nivel de preparación que los jueces y fiscales de oposición; o los magistrados que acceden a la judicatura después de muchos años de actividad profesional o académica. Ese es el detonante, pero la mecha es una larga y perseverante cadena de insultos, descalificaciones y señalamientos que no provienen de la periferia marginal de la política, sino del Consejo de Ministros y de sus portavoces. Es una coincidencia muy significativa que, ayer mismo, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, rechazara sin matices las descalificaciones contra los jueces , como los que profirieron diversos ministros contra el magistrado Ángel Hurtado, después de que este dictara el auto de imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Llueve sobre mojado en esta táctica de exponer a los jueces como peones de la derecha. Es la reacción iracunda de un Ejecutivo que está centrando todo su arsenal de crispación contra una Justicia que se le ha revelado indomable, como suelen ser las justicias asentadas sobre el pilar de la independencia judicial.
