Villarejo pide al juez que impute a Pérez Dolset en su causa por la filtración de los audios
José Manuel Villarejo ha pedido al magistrado que le investiga en la Audiencia Nacional que cite a declarar al empresario Javier Pérez-Dolset y a la periodista Patricia López por la presunta difusión masiva de los audios de su causa. El comisario les acusa de integrar un grupo "parapolicial" junto con la fontanera del PSOE, Leire Díez, que se habría dedicado a comprar y distribuir los audios incautados en su domicilio cuando le detuvieron en noviembre de 2017.
El comisario jubilado presenta el escrito en el marco de la pieza número 34 de la causa, por ser la que aglutina los audios a los que ahora se refiere. Se trata, como informó este medio el pasado viernes, de grabaciones que aportó en mayo de 2022 Pérez Dolset relativas a conversaciones del propio Villarejo mantenidas con, entre otros, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, o la que fuera secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El pendrive entregado por el empresario contenía un total de siete carpetas con 39 archivos.
Ahora, en su escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, pide al instructor que cite al empresario -quien estuvo personado en dos piezas de la causa como perjudicado por el comisario- para que rinda cuentas en el procedimiento por la difusión de los audios. El escrito del comisario recoge numerosos extractos de publicaciones periodísticas relativos a las reuniones que Leire Díez mantuvo con empresarios para obtener trapos sucios de la cúpula de la UCO. Del mismo modo recoge también declaraciones del propio empresario en las que aseguraría que adquirió el material que obra en el sumario de la causa por cinco millones de euros.
"Una investigación extrajudicial"
"A través de todos los medios de comunicación una serie de sujetos, con total impunidad han reconocido que llevan años llevando a cabo una investigación extrajudicial de la causa Tándem, organizándose como grupo parapolicial, a modo de policía judicial, aparentando actuar oficialmente y alegando trabajar a las órdenes del Gobierno y ofreciendo tratos de favor y relación directa con la Fiscalía. Reconociendo incluso haber abonado más de cinco millones de euros para pagar a quienes tenían todos los documentos que obran en la misma, haber desencriptado audios y luego filtrarlos a los medios de comunicación, para así provocar un juicio popular paralelo con el consiguiente daño reputacional a diversos acusados", reza el escrito.