La verdad sobre el Acuerdo de altamar
Ha comenzado a circular un bulo entre ciertos sectores políticos vinculados a la actual coalición parlamentaria de corte autoritario, así como desde un sector del empresariado peruano. La controversia en cuestión surge a raíz de la firma, por parte del Estado peruano, del Acuerdo relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (conocido como Acuerdo BBNJ).
Gremios empresariales se han pronunciado rechazando la firma de este tratado. Alegan, erróneamente, que representa una pérdida de soberanía para el país en lo que respecta a la toma de decisiones sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.
El tratado no limita de ningún modo la soberanía nacional, ya que se aplica exclusivamente a las zonas situadas más allá de las 200 millas marinas.
Esta convención tiene como objetivo principal reforzar la cooperación internacional para la creación de áreas marinas protegidas en altamar, espacio que pertenece al mundo entero. Este tratado incluso propone un marco que garantice la defensa de los recursos marítimos nacionales ante la depredación de la gran pesca en altamar.
Además, otorga beneficios al país como el fortalecimiento de capacidades para proteger nuestros recursos frente al abuso de la gran pesca industrial foránea.
Destacados internacionalistas, como el columnista de La República Oscar Vidarte, han advertido que esta campaña de desinformación podría generar consecuencias lamentables, tal y como ocurrió con la no ratificación del Acuerdo de Escazú, hace tan solo 4 años.
Para quienes aún tengan dudas —desde el Parlamento o desde sectores que aún no entiendan, o aquellos que estén interesados en desinformar deliberadamente—, basta con leer los artículos 5 y 6 del Acuerdo BBNJ, los cuales garantizan expresamente el respeto a la soberanía de los Estados.
El documento, que ya ha sido firmado por el Estado peruano, aún necesita ser ratificado por el Congreso.
Advertimos al pueblo peruano y a la comunidad internacional sobre el riesgo de que el Congreso bloquee la ratificación de un tratado fundamental, construido colectivamente por los Estados miembros de las Naciones Unidas para proteger el océano, que es patrimonio común de la humanidad.